El Gobierno dominicano informó este martes que aprobó, mediante el decreto 787-26, el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana. La norma fija principios y lineamientos para un uso responsable, seguro, inclusivo y transparente de esta tecnología en las instituciones del Estado. Según el comunicado, recogido por Diario Libre, Listín Diario y otros medios, el cumplimiento es obligatorio para toda la administración pública, centralizada y descentralizada.

El código fue elaborado en un proceso participativo y multisectorial que lideraron la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), con el acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). De acuerdo con la Presidencia, se alinea con los estándares de la Unesco y la OCDE. El Nuevo Diario y El Nacional precisan que la iniciativa fue impulsada por el presidente Luis Abinader.

Su principal medida son las Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos. Todo sistema clasificado como de alto impacto, es decir, que afecte el acceso a derechos, beneficios sociales o potestades sancionadoras, deberá ser evaluado y aprobado por un órgano de supervisión antes de ponerse en funcionamiento. La norma también reconoce el derecho de los ciudadanos a saber cuándo un trámite o una decisión administrativa contó con apoyo de IA, a pedir explicaciones comprensibles y a solicitar una revisión humana.

El decreto establece además prohibiciones expresas: la puntuación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, la elaboración de perfiles criminales predictivos basados en sesgos territoriales o socioeconómicos, la sentencia penal automatizada y las armas autónomas. Los sistemas automatizados dirigidos a niños y adolescentes se presumen de mayor riesgo, y queda vetada la IA que genere o difunda contenido lesivo, abusivo o discriminatorio contra ellos.

En materia de soberanía digital, los proveedores del Estado deberán garantizar trazabilidad, ciberseguridad y control estatal sobre los datos de los dominicanos. Quedan excluidos los sistemas de “caja negra” que el Estado no pueda auditar.

Para coordinar su aplicación, el decreto crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo y de coordinación integrado por instituciones estatales y representantes no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, con participación de la academia y la sociedad civil. Las entidades públicas tendrán 180 días calendario para adecuar sus procesos internos, registrar los sistemas de IA en operación y designar responsables.

El anuncio llega después de que la vicepresidenta Raquel Peña adelantara el 25 de junio, durante la Tercera Cumbre Ministerial sobre Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe, celebrada en Santo Domingo, que el código sería aprobado “en los próximos días”. Peña dijo entonces que el país aspiraba a estar entre los primeros de la región con un marco ético nacional en esta materia. Según Ensegundos, el borrador contó con la participación de más de 100 organizaciones.

Queda pendiente conocer el texto íntegro del decreto. La información difundida hasta ahora no precisa cuál será el órgano de supervisión que aprobará los sistemas de alto impacto ni qué sanciones se aplicarán a quienes incumplan.