El proyecto de Ley Orgánica de respuesta integral a las violencias contra las mujeres, denominado Ley Mirabal, fue depositado en la Cámara de Diputados y propone crear el delito de vicariato, con penas de hasta 40 años de prisión cuando el asesinato de un niño, niña o adolescente se cometa para causar sufrimiento o castigar a la madre. Así lo reseñó Diario Libre.

La iniciativa fue presentada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y asumida como propia por 78 diputados. Según el medio, introduce por primera vez en el sistema dominicano la violencia vicaria y el vicariato, definidos como actos ilícitos en los que un agresor maltrata a hijos o allegados de la víctima para hacerla sufrir. La violencia vicaria, que incluye lesionar, amenazar o privar de libertad a esas personas, se castigaría con entre 5 y 10 años de prisión. Si el agresor las mata, la pena podría llegar a 40 años.

El texto también tipifica otras conductas. Sanciona con 5 a 10 años a la persona adulta que establezca una “convivencia de pareja” con un menor de edad, y con la misma pena a quienes concierten, entreguen o trasladen a la menor. La esterilización forzada, o cualquier intervención quirúrgica, procedimiento ginecológico o método anticonceptivo impuesto sin consentimiento, se castigaría con 10 a 20 años, y con 20 a 30 años si la víctima es una niña o adolescente. La denegación o el retraso injustificado de atención médica en emergencias obstétricas tendría hasta cinco años de cárcel.

En el ámbito digital, el proyecto penaliza con entre cinco y diez años la captación no consentida de imágenes íntimas, la sextorsión con material real o generado con inteligencia artificial, y la divulgación de datos de localización para facilitar agresiones. Esas penas subirían hasta 20 años cuando haya menores involucrados o abuso de autoridad. A quien restrinja o coaccione la participación política de una mujer, ya sea para ser electa o para ocupar un cargo público, se le impondrían hasta 20 años.

La propuesta redefine además el feminicidio, que ya figura en el nuevo Código Penal. Amplía a nueve las circunstancias por razones de género y elimina la exigencia de una relación de pareja entre el autor y la víctima. Cuando el feminicidio vaya seguido del suicidio del agresor, ordena continuar la investigación sobre posibles terceros o fallas institucionales previas.

El proyecto prohíbe todo mecanismo de conciliación en casos de violencia contra las mujeres y establece que la reconciliación con el agresor no extingue la acción penal ni justifica archivar el expediente.

La iniciativa nació en el Ministerio de la Mujer y se combinó con más de cinco propuestas que el Congreso estudiaba desde hace un año mediante la reforma “Déjala Ir”. La ministra Reyes ha defendido en declaraciones previas la necesidad de aprobar una ley integral que actualice la normativa vigente e incorpore la violencia digital, política y obstétrica.

Tras recibir el proyecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció que durante la próxima semana evaluará el curso de la iniciativa para definir los plazos y la forma en que será analizada. Hasta entonces, las penas y definiciones se mantienen como propuesta, sujetas a los cambios que pueda introducir el Congreso.