El partido opositor Fuerza del Pueblo (FP), que preside Leonel Fernández, acusó este miércoles al Gobierno dominicano de haber generado una "crisis de confianza e incertidumbre jurídica" en el país, a la que atribuyó al desacato de sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y al uso de la mayoría oficialista en el Congreso Nacional para aprobar o modificar leyes en función de intereses coyunturales. La denuncia se produjo durante la presentación oficial de la Secretaría de Justicia del partido y de un informe preliminar titulado "Estado de Derecho, Sistema de Justicia y Dignidad Humana en la República Dominicana".

El acto estuvo encabezado por el titular de la nueva secretaría, el abogado Hotoniel Bonilla García, junto al vicepresidente de la FP, Radhamés Jiménez Peña; el secretario general de la organización, Antonio Florián, y varios miembros de su Dirección Política, entre ellos Roberto Rosario, Gedeón Santos, Henry Merán, Daniel Beltré y Adalgisa Pujols, además del diputado Tobías Crespo, integrante del Consejo Nacional de la Magistratura.

Bonilla sostuvo que la estabilidad normativa constituye uno de los pilares esenciales de toda democracia y advirtió que, cuando una mayoría legislativa deja de responder al interés general para convertirse en instrumento de la agenda del Poder Ejecutivo, se produce un deterioro del Estado de derecho. Como ejemplos de lo que calificó como una práctica legislativa "reactiva, improvisada y subordinada" a intereses puntuales, el dirigente citó las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, la normativa sobre fideicomisos públicos, la Ley 66-23 que extendió el contrato de concesión de los aeropuertos, las reformas a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los cambios introducidos al Código Penal antes de su entrada en vigencia.

El funcionario del partido señaló, además, que el Gobierno incumple la sentencia TC/1003/23 del Tribunal Constitucional, que estableció que los ciudadanos dominicanos no deben pagar la tasa de 10 dólares correspondiente a la tarjeta de turista, mientras que según denunció la administración pública continúa percibiendo esos recursos. "El respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional no es opcional, sino una obligación del Estado", afirmó Bonilla. También cuestionó el aumento de la tasa de salida del país y la aprobación de la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y que el propio TC declaró parcialmente inconstitucional.

Como respuesta a ese panorama, la Secretaría de Justicia de la FP anunció la creación de un mecanismo para monitorear el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y las actuaciones que, a su juicio, puedan comprometer la independencia judicial. El partido informó que impulsará además una agenda de reformas orientada a fortalecer el sistema de justicia y la autonomía del Ministerio Público.

Durante su intervención, Bonilla también expresó preocupación por la situación de seguridad ciudadana, al señalar que, seis años después del inicio de la actual gestión gubernamental, el país continúa sin una estrategia integral frente a la delincuencia, y lamentó que numerosas familias dominicanas sigan sin respuestas sobre parientes desaparecidos. El dirigente cerró su presentación afirmando que la defensa del Estado de derecho no es responsabilidad exclusiva de jueces o abogados, sino un compromiso de toda la sociedad. Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno no había emitido una respuesta pública a los señalamientos de la FP.