Un hombre identificado como José Ignacio Rodríguez, alias "Ignacio", de 48 años, murió la noche de este viernes tras resultar herido en un presunto enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en el sector Pastor de Bella Vista, provincia Santiago, según informó la Policía Nacional a Diario Libre. De acuerdo con el reporte preliminar, los agentes realizaban un operativo para localizar a Rodríguez, quien era buscado mediante órdenes de arresto por su presunta vinculación con varios hechos delictivos, y al advertir la presencia policial habría disparado contra los investigadores, quienes repelieron la agresión. El hombre fue trasladado a un centro de salud, donde falleció.

En el lugar, miembros de la Policía Científica ocuparon un revólver calibre .38 con una cápsula percutida, así como un Toyota Corolla color gris reportado como sustraído. Rodríguez era requerido por casos de robo de vehículos y figuraba, según la Policía, con ocho registros policiales de años anteriores. Su cadáver fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El hecho se produce en medio de un año marcado por el incremento sostenido de muertes durante intervenciones policiales en el país. Organizaciones como Alianza País, Frente Amplio y Opción Democrática denunciaron que, en los primeros seis meses de 2026, 147 personas murieron a manos de agentes de la Policía Nacional, frente a 122 en el mismo período de 2025, según recogió Acento. Por separado, una columna publicada en El Día contabilizó 958 fallecidos en operativos catalogados como "intercambios de disparos" o "acciones legales" entre 2020 y abril de este año, frente a 95 registrados en 2019, último año del gobierno anterior. El Partido de la Liberación Dominicana ha calificado ese incremento como un alza del 195% en cuatro años y ha exigido investigaciones independientes bajo el Protocolo de Minnesota de la ONU para muertes potencialmente ilícitas, además de la reincorporación de estos casos a las estadísticas oficiales de homicidios.

El caso de Santiago se suma así a una lista creciente de fallecidos en circunstancias similares, mientras distintos sectores de la sociedad civil y la oposición política mantienen la exigencia de mecanismos de supervisión civil sobre el uso letal de la fuerza por parte de la Policía Nacional.