El bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó este miércoles la propuesta legislativa que pretendía postergar por dos años la entrada en vigencia del nuevo Código Penal de la República Dominicana. De acuerdo con las declaraciones del vocero de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, la organización política mayoritaria no respaldará ninguna iniciativa orientada a extender el plazo de implementación de la pieza jurídica, la cual fue promulgada recientemente y mantiene su cronograma original para comenzar a aplicarse en el territorio nacional. Díaz fijó la posición del partido de Gobierno al calificar el proyecto de aplazamiento como una medida improcedente que atenta contra la urgencia jurídica que demanda la sociedad dominicana en materia de combate a la criminalidad.

La controversia surgió luego de que sectores políticos de oposición y legisladores de diversas bancadas plantearan la necesidad de otorgar una prórroga de 24 meses bajo el argumento de que el sistema judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional requerían de un período más prolongado de capacitación e inducción institucional para asimilar los cambios procedimentales y las nuevas tipificaciones delictivas incluidas en el texto legal. No obstante, la dirección del bloque del PRM desestimó este planteamiento, señalando que el tiempo contemplado en las disposiciones transitorias de la ley actual es técnicamente suficiente para adecuar las estructuras del Estado. "Sería un acto de irresponsabilidad de nuestra parte que, después de haber asumido el compromiso de dotar al país de un nuevo Código Penal, ahora pretendamos postergar su aplicación", declaró de forma categórica el diputado Amado Díaz al defender la postura oficial del partido en el Congreso Nacional.

La ratificación del calendario de vigencia del Código Penal tiene una implicación directa y profunda en la estabilidad institucional de la República Dominicana, ya que el país opera actualmente con un marco normativo que data del siglo XIX, considerado obsoleto por los analistas jurídicos frente a los nuevos desafíos del crimen organizado, los delitos cibernéticos y la violencia estructural. Con la negativa del oficialismo a retrasar los plazos, las instituciones que integran el sector justicia penal se ven obligadas a acelerar de manera inmediata sus programas de formación interna y reestructuración presupuestaria para garantizar el cumplimiento de la ley una vez venza el plazo legal vigente. Tras el rechazo público por parte de la bancada mayoritaria, que cuenta con los votos necesarios para decidir el destino de los proyectos en la cámara baja, queda pendiente que la pieza de aplazamiento sea formalmente archivada o rechazada en el pleno legislativo, manteniendo el curso del proceso de transición legal en los plazos previstos por la normativa aprobada.