La República Dominicana entra este agosto en un mes de movimientos institucionales significativos, marcado por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y por la evaluación pendiente de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), según un análisis publicado por el periódico elCaribe.

El nuevo Código Penal, contenido en la Ley 74-25 y con las modificaciones incorporadas mediante el decreto que promulga la Ley 507-26, entrará en vigor este lunes 3 de agosto, sustituyendo la legislación penal vigente desde 1884. La normativa incorpora más de 70 nuevos tipos penales al ordenamiento jurídico dominicano y habilita sanciones de hasta 40 años de prisión mayor, que podrían extenderse hasta 60 años en casos de cúmulo de penas. Como parte del proceso de socialización de la ley, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de una comisión de seguimiento presidida por el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, encargada de discutir futuras mejoras al texto.

El mismo lunes 3 de agosto, a las 5:00 de la tarde, el presidente Luis Abinader convocó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para reunirse en el Palacio Nacional, según confirmaron Diario Libre y Acento. La sesión cobra relevancia porque el CNM tiene pendiente evaluar el desempeño de once jueces de la Suprema Corte de Justicia cuyo período de siete años concluyó en abril pasado, entre ellos el presidente del alto tribunal, Luis Henry Molina, y los titulares de las tres salas: Justiniano Montero Montero, Francisco Antonio Jerez Mena y Manuel Ramón Herrera Carbuccia. La evaluación también alcanza a los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María Garabito Ramírez, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico. Conforme al reglamento del CNM, tanto Molina como Salcedo, por ser miembros del organismo, deberán abstenerse de participar en su propia evaluación.

El calendario institucional de agosto se completa con el inicio de la legislatura ordinaria del Congreso Nacional el día 16, fecha en la que se espera que los legisladores retomen proyectos de ley que no pudieron aprobarse en la legislatura anterior o que perimieron por exceder el plazo máximo en comisiones. Entre los pendientes más señalados figura la reforma al Código de Trabajo, que contempla cambios como el aumento de la licencia de paternidad, la creación de juzgados laborales en más provincias, el incremento legal de horas extras, la incorporación del teletrabajo y la regulación del trabajo doméstico. El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, pidió a los legisladores avanzar con la aprobación de la norma y advirtió que el país necesita asumir el tema "con seriedad" en lugar de recurrir al populismo.

También continúa pendiente la reforma a la Policía Nacional, un reclamo que ha cobrado nueva fuerza en los últimos meses tras la muerte del joven Darlin Mercado a manos de un agente policial en La Cañana de Guajimía, Santo Domingo Oeste, y otros hechos vinculados al uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la institución.

Aunque las designaciones o remociones de funcionarios son una atribución exclusiva del presidente de la República, el análisis de elCaribe recuerda que por tradición los mandatarios dominicanos suelen realizar movimientos en su tren gubernamental hacia el 16 de agosto o los días posteriores. Abinader llega este año a la mitad de su segundo mandato, un momento que distintos sectores consideran propicio para eventuales ajustes en su gabinete, aunque hasta el momento no se han confirmado cambios oficiales.