El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, presentó ante el Congreso Nacional un balance del periodo 2019-2025, destacando una transformación estructural en la administración de justicia dominicana. Apoyado en la Ley 339-22 sobre Uso de Medios Digitales, el sistema ha integrado a más de 33,000 usuarios y gestionado cinco millones de documentos con firma digital, permitiendo un acceso remoto que ha descentralizado y agilizado los trámites judiciales en todo el territorio nacional.

Más allá de la digitalización, Molina enfatizó el fin de la mora histórica en la SCJ, un hito atribuido a la implementación de la Ley 2-23 sobre Procedimiento de Casación. Esta normativa permitió resolver decenas de miles de expedientes acumulados antes de 2024, logrando que el 80% de los tribunales del país operen actualmente al día. Según el magistrado, procesos que tradicionalmente tomaban años ahora se resuelven en días, marcando un cambio de paradigma en la eficiencia del servicio público judicial.

Finalmente, el magistrado delineó una agenda legislativa ambiciosa en coordinación con el Congreso. El plan incluye una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, la simplificación de procesos de Registro Inmobiliario y la eliminación de tasas judiciales. Esta última medida es particularmente estratégica, ya que busca derribar barreras económicas para los ciudadanos, garantizando que el acceso a la justicia sea un derecho efectivo y no un servicio condicionado al pago de aranceles.