El presidente Luis Abinader anunció la detención inmediata de toda actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan. La medida responde a la fuerte oposición manifestada por diversos sectores de la sociedad civil y residentes de la zona, quienes han expresado preocupaciones sobre el impacto ambiental de la mina. El mandatario enfatizó que su gestión se rige por la "escucha activa" y que, ante el rechazo masivo, el proyecto carece de la viabilidad social necesaria para avanzar.

Desde el punto de vista legal, el jefe de Estado argumentó que la decisión se ampara en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual estipula que la aceptación ciudadana es un requisito fundamental para este tipo de intervenciones. Abinader subrayó que las concesiones de exploración datan de los años 2005 y 2010, con renovaciones técnicas en 2015 y 2018, aclarando que durante su actual administración el proyecto solo se encontraba en una fase de evaluación ambiental sin haber recibido jamás autorización para la explotación comercial.