La reciente decisión de la Cámara de Diputados de abrir un proceso formal de discusión para evaluar modificaciones al nuevo Código Penal, previo a su entrada en vigencia, ha vuelto a colocar en el centro del debate político una advertencia que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) había estructurado semanas atrás. La organización política opositora ya había fijado una postura firme sobre la necesidad imperiosa de revisar de manera profunda las disposiciones legislativas que amenazan de forma directa la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y otras garantías fundamentales en la República Dominicana.

El pasado 22 de junio, durante el desarrollo de su rueda de prensa institucional, el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, actuó como vocero oficial para alertar que diversos artículos de la nueva codificación penal requerían reformas urgentes. Lorenzo advirtió en esa comparecencia que, de mantenerse el texto actual, la ley podría instrumentalizarse como un mecanismo de coacción para restringir la libertad de prensa, el derecho a la información y el libre ejercicio de la crítica por parte de la ciudadanía. En el encuentro con los medios, el dirigente estuvo respaldado por una alta comitiva partidaria que incluyó a Zoraima Cuello, vicepresidenta de la organización; José Dantés, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos; Héctor Olivo, secretario de Comunicaciones; y Joselito Féliz, vicesecretario general y director de Comunicación Digital.

Durante aquella intervención, el bloque peledeísta insistió en que el Código Penal debe alinearse estrictamente con los mandatos de la Constitución de la República y la jurisprudencia vinculante sentada por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, el PLD planteó formalmente que el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales el cual perimió posteriormente en el Senado fuera derivado a una mesa de concertación amplia en el seno del Consejo Económico y Social (CES) para integrar las visiones de directores de medios, gremios periodísticos, académicos y juristas antes de cualquier intento de reintroducción en las cámaras legislativas.

Asimismo, la propuesta del partido morado exige una reingeniería específica de los artículos del 208 al 213 del nuevo código, demandando la eliminación total de las figuras penales relacionadas con el denominado “ultraje a funcionarios públicos”. Para el PLD, desmantelar estas tipificaciones busca impedir la imposición de penas privativas de libertad por la emisión de opiniones protegidas por el derecho constitucional. Esta posición se complementó con la solicitud de revisar la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), argumentando riesgos sustanciales para el secreto profesional. "No se puede jugar con el secreto profesional de los periodistas", enfatizó Lorenzo en esa oportunidad, calificando la protección de las fuentes como el pilar insustituible de una prensa independiente.

El escenario actual concede una vigencia renovada a los planteamientos de la principal fuerza de oposición. El anuncio del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, respecto a viabilizar reformas antes de la ejecución definitiva de la ley penal, valida la pertinencia técnica y el sentido de oportunidad de las observaciones que el PLD formuló de manera anticipada, evidenciando que el consenso sobre la protección de las libertades públicas resulta ineludible en el ecosistema democrático nacional.