La jueza federal Ana Reyes, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, confirmó este miércoles que su orden de febrero que había suspendido la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití "ya no está vigente", eliminando así el último obstáculo judicial que impedía a la administración del presidente Donald Trump ejecutar la cancelación del programa. La medida deja sin protección migratoria a cerca de 350,000 haitianos que residían legalmente en Estados Unidos.

El caso se remonta a febrero de 2026, cuando Reyes paralizó la decisión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a la designación de TPS para Haití, tras una demanda interpuesta por beneficiarios del programa que alegaron irregularidades en el proceso. Esa suspensión judicial se mantuvo vigente durante meses, hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos la revocó el 25 de junio pasado en el caso Mullin v. Doe, al determinar que las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre terminaciones de TPS no están sujetas a revisión judicial en los términos planteados por los demandantes.

Tras el fallo del alto tribunal, un tribunal de apelaciones concedió aún varias prórrogas administrativas breves a los permisos de trabajo vinculados al TPS, hasta que el Departamento de Seguridad Nacional fijó el 27 de julio de 2026 como fecha efectiva de terminación. Desde entonces, los permisos de trabajo emitidos bajo las categorías A12 y C19 dejaron de ser válidos. La confirmación de Reyes este miércoles no ordena deportaciones automáticas, pero retira el único freno legal que mantenía en suspenso la ejecución de la medida.

El actual secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que su departamento está "yendo tras ellos ahora mismo", en referencia a los antiguos beneficiarios del TPS que carezcan de otro estatus migratorio válido. El abogado Geoff Pipoly, quien representó a los demandantes haitianos, advirtió que los beneficiarios "ya no pueden trabajar legalmente, y muchos están sujetos a expulsión hacia Haití", país que continúa considerado entre los más peligrosos del mundo debido a la violencia de pandillas, los secuestros y la inestabilidad política, condiciones que mantienen a Estados Unidos con su nivel más alto de alerta de viaje para esa nación.

El litigio de fondo, sin embargo, no ha concluido. Los demandantes continúan sosteniendo ante el tribunal de Reyes que la administración actuó con intención discriminatoria al cancelar la protección y que no cumplió cabalmente con los procedimientos legales exigidos para ese tipo de decisiones, por lo que el caso seguirá su curso pese a la pérdida de la protección temporal.

Para República Dominicana, que comparte isla y frontera con Haití, el fin del TPS añade una variable de peso: una eventual ola de deportaciones desde Estados Unidos hacia un país ya sumido en crisis de seguridad podría intensificar la presión migratoria hacia territorio dominicano, en momentos en que las autoridades locales ya enfrentan un flujo constante de haitianos que buscan escapar de la violencia. Por ahora, ni Washington ni Puerto Príncipe han detallado el ritmo ni el volumen que tendrán las remociones derivadas de esta decisión.