En el año 2012 los dominicanos hicimos algo que no solemos hacer: nos pusimos de acuerdo. El gobierno de turno, los partidos de oposición, los empresarios, los trabajadores, las universidades y la sociedad civil se sentaron a definir hacia dónde queríamos llevar el país, y ese acuerdo terminó convirtiéndose en ley. Hablo de la Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, mejor conocida como la END. Hoy, cuando faltan poco más de tres años para esa fecha, vale la pena preguntarnos qué pasó con aquel plan.

Mi respuesta es que el plan no falló por mal concebido. Falló, o mejor dicho, se ha quedado a medias, porque en nuestra política cada gobierno, cada partido y cada funcionario ha querido brillar con luz propia. Y mientras cada quien se ocupa de encender su propia vela, el pueblo se queda a oscuras.

Conviene recordar que la END no fue el capricho de un gobierno. La Constitución de 2010 mandó a elaborar una estrategia de largo plazo, consultada con el Consejo Económico y Social y con los partidos políticos. De ahí salió la Ley 1-12, promulgada el 25 de enero de 2012. Y no es una ley cualquiera: es una ley orgánica, lo que significa que obliga al Estado y no a una administración en particular. En teoría, cada plan plurianual y cada presupuesto deberían responder a ella.

Lo que la END plantea es bastante claro. Quiere un Estado con instituciones fuertes, transparentes y una justicia que funcione; una sociedad con igualdad de oportunidades, con buena educación, buena salud y menos pobreza; una economía que crezca de forma equilibrada en todo el territorio, que genere empleos dignos y que apueste por el turismo, la industria, la agricultura y la innovación; y un país que cuide sus recursos naturales y se prepare para el cambio climático. Además, no se quedó en buenas intenciones: fijó indicadores, metas con fechas y 25 compromisos concretos del Estado. Se escribió, precisamente, para que pudiéramos medir si se cumple.

La ley también entendió que había reformas demasiado grandes para que un solo gobierno las hiciera solo, y por eso ordenó tres grandes pactos nacionales: el educativo, el eléctrico y el fiscal. La suerte que corrieron esos tres pactos dice mucho de lo que ha pasado con la END en general. El Pacto Educativo se firmó en abril de 2014 y vino de la mano del 4% del PIB para la educación, una conquista que la gente arrancó en las calles. Se construyeron escuelas y aumentó la cobertura, pero los propios informes oficiales reconocen que la calidad de lo que aprenden nuestros niños sigue rezagada. El Pacto Eléctrico, que debía iniciarse a más tardar en 2013, no se firmó hasta el 25 de febrero de 2021, casi ocho años después, y basta preguntarle a cualquier vecino por los apagones para saber que su ejecución sigue pendiente. El Pacto Fiscal, sencillamente, nunca llegó. El intento de reforma de 2024 fue retirado en octubre de ese mismo año, y seguimos financiando el desarrollo con una presión tributaria que ronda el 15% del PIB, gastando más de lo que recaudamos y cubriendo la diferencia con deuda. Es muy difícil cumplir un plan de dieciocho años si nunca nos pusimos de acuerdo en cómo pagarlo.

Hay un tema que hoy está en boca de todos y que la END también contempló la migración. La ley se propuso, de forma expresa, ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional, modernizar el marco legal e institucional que los regula y regularizar, conforme a la ley, la situación de los extranjeros. Es decir, desde 2012 el país se trazó una política migratoria planificada, que entendiera cuánta mano de obra extranjera necesitan sectores como la agricultura y la construcción, que controlara con firmeza la entrada y la permanencia en el territorio y que hiciera cumplir la ley a quienes se benefician de la irregularidad. En lugar de eso, durante años el tema se manejó a golpe de coyuntura, con controles débiles en la frontera y empleadores que contrataban sin papeles sin mayores consecuencias. Hoy, con la profunda crisis de Haití impulsando una presión migratoria creciente, el Estado ha tenido que reaccionar; en abril de 2025, el gobierno anunció quince medidas, que incluyen más militares en la frontera, la extensión de la verja perimetral y sanciones a quienes contraten o faciliten la migración ilegal, y solo entre enero y octubre de 2025, Migración reportó más de 310,000 repatriaciones. Controlar quién entra y quién se queda es un derecho soberano y una obligación del Estado, y debe ejercerse con firmeza y con respeto a la dignidad de las personas. Pero si la planificación que ordenaba la END se hubiese ejecutado con constancia desde el principio, hoy no estaríamos apagando un fuego, sino administrando una política.

Y ahí está el corazón del problema. En nuestra cultura política, cada gestión ha querido dejar su propia marca. Se lanzan programas con nombres nuevos, se reorganizan instituciones y se anuncian metas propias, aunque la ley ya había trazado el camino. Al final se cumple la parte de la END que coincide con la agenda del momento y se pospone la que cuesta votos o la que dará frutos cuando ya gobierne otro.

Los números oficiales lo confirman sin necesidad de exagerar. Según el último informe de avance del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con datos de 2023, apenas uno de cada cinco indicadores, el 21.6%, había alcanzado su meta para 2025. Un 5.9% iba bien encaminado, un 45.1% había mejorado pero a un ritmo insuficiente, y un 27.5% estaba estancado o retrocediendo. Es justo reconocer que hay logros: la cobertura educativa y el acceso a internet superaron sus metas, y la pobreza ha bajado. Pero los rezagos están precisamente donde hace falta continuidad: la calidad educativa, la mortalidad materna e infantil, la eficacia de la justicia, la corrupción, la recaudación, las pérdidas eléctricas y el empleo informal. Ninguna de esas reformas cabe en un período de cuatro años.

No creo que esto sea un problema de mala fe, sino de incentivos. Un gobierno tiene cuatro años para mostrar resultados, y las reformas profundas cuestan hoy y rinden mañana, muchas veces a favor del adversario. Continuar el plan de otro no da titulares; inventar uno propio, sí. Y como el incumplimiento de una meta no le cuesta nada a nadie, los informes se publican, se archivan y el debate público pasa de largo. A eso se suma algo más grave: la mayoría de los ciudadanos no sabe que la END existe. Un plan que la gente no conoce es un plan que nadie exige cumplir. Esa es, en el fondo, la manera en que se mantiene al pueblo apagado: no a la fuerza, sino a base de no informarle.

No necesitamos otra ley ni otro plan. Necesitamos que el que ya tenemos tenga dientes. Se me ocurren algunas ideas sencillas. Que cada partida importante del presupuesto diga a qué meta de la END responde, y que el Congreso no apruebe programas que no lo hagan. Que el ministro de Economía presente cada año el informe de avance ante el Congreso, en sesión pública, y explique por qué no se cumplió lo que no se cumplió. Que el Consejo Económico y Social, junto a las universidades y los gremios, haga su propia evaluación, sin depender solo de lo que diga el gobierno de turno. Que el Pacto Fiscal se asuma de una vez como prioridad nacional, porque sin él todo lo demás se queda en el papel. Y que exista un tablero público, sencillo, donde cualquier ciudadano pueda ver si su provincia y su país avanzan o no hacia las metas de 2030. A los partidos les haría una petición: que sus programas de gobierno se presenten como planes para cumplir la END, diciendo con claridad qué metas van a priorizar. Que compitan por cómo ejecutar el plan del país, no por quién inventa uno nuevo.

La República Dominicana no tiene que descubrir hacia dónde ir. Eso ya lo decidimos juntos, y lo pusimos en una ley, hace catorce años. Lo que nos falta es la madurez para entender que continuar lo que otro empezó no es rendirse ante el adversario, sino servir al país. Todavía hay tiempo de cerrar brechas, terminar de ejecutar el Pacto Eléctrico, iniciar por fin el Pacto Fiscal, mejorar la calidad de la educación y consolidar una política migratoria seria y sostenida. Pero eso solo va a pasar si los ciudadanos convertimos la END en una exigencia, y si quienes nos gobiernan entienden que la luz que importa no es la de cada gestión, sino la de un país que camina en la misma dirección, gobierne quien gobierne.