La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó este lunes, en una sesión extraordinaria y mediante un trámite acelerado, una serie de modificaciones sustanciales a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, reduciendo el tope de los aportes obligatorios que las grandes corporaciones deberán pagar al fideicomiso medioambiental.

La pieza legislativa, que fue liberada de todo trámite de comisión y validada con 114 votos a favor frente a 31 en contra, ajusta a la baja el monto máximo de la contribución empresarial anual. El límite fue reducido de tres millones de pesos cifra que había sido aprobada previamente de urgencia por el Senado a 2.2 millones de pesos para las compañías con los mayores márgenes de ingresos del país. Asimismo, los legisladores establecieron una exención total del pago de esta contribución especial para las organizaciones sin fines de lucro, e incluyeron un nuevo mecanismo fiscal que autoriza a las empresas más impactadas financieramente a deducir este pago de sus obligaciones ante el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Durante los acalorados debates en el hemiciclo, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, defendió de manera categórica los ajustes introducidos al proyecto. Según detalló el legislador, el nuevo esquema busca proteger a los negocios de menor escala, asegurando que el incremento en las tarifas corporativas "solo afectará a unas 1,114 personas jurídicas y empresas, mientras alrededor de 145,000 contribuyentes pagarán igual o menos que bajo la propuesta aprobada originalmente por el Senado". Para complementar esta protección, el pleno fijó un tope especial máximo de 675,000 pesos destinado a aquellas entidades cuyos ingresos se derivan principalmente del cobro de comisiones.

El tratamiento exprés que ha recibido esta normativa en el Congreso Nacional responde directamente a la presión de los plazos tributarios vigentes, debido a que el primer pago semestral correspondiente a la gestión de desechos tiene como fecha límite este martes 30 de junio. Esta evidente celeridad legislativa había desencadenado quejas formales por parte de las principales cúpulas empresariales, como la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), entidades que alertaron sobre los riesgos de modificar un esquema tributario sin contar con estudios técnicos integrales que midan el impacto sobre los costos operativos del sector privado.

La oposición política también se sumó a los reclamos en la sede legislativa. El bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que establecer tarifas basadas en la facturación bruta de las compañías, en lugar de calcular el nivel real de desechos generados, crea distorsiones en el mercado. El diputado peledeísta Mayobanex Martínez calificó los montos planteados inicialmente en la Cámara Alta como "irracionales y descomunales", argumentando que gravar los ingresos sin medir la huella ecológica terminará por elevar los precios de los bienes y servicios, golpeando el bolsillo de los ciudadanos.

Para la República Dominicana, esta reestructuración representa un intento por equilibrar la necesidad urgente de hacer autostenible la industria del reciclaje y mitigar la crisis de los vertederos a cielo abierto, sin asfixiar la operatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) frente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Dado que la Cámara de Diputados alteró aspectos medulares del documento original, el proyecto de ley ha sido devuelto al Senado, órgano que deberá revisar, debatir y decidir en tiempo récord si ratifica estas modificaciones para que la legislación pase al Poder Ejecutivo.