El Senado de la República Dominicana aprobó este martes, en una única lectura, las modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, validando así los cambios impositivos introducidos previamente por la Cámara de Diputados y enviando la pieza al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. La medida, que agotó un acelerado trámite legislativo de menos de dos semanas, logró el voto favorable de 22 de los 24 senadores presentes. De acuerdo con los debates en el hemiciclo, el proceso fue impulsado por la urgencia de establecer el marco de cobro tributario antes del vencimiento del plazo fijado para la liquidación de las empresas, razón por la cual el senador por Hato Mayor, Venerado Castillo, solicitó su inclusión inmediata en el orden del día.

La nueva legislación reconfigura las obligaciones fiscales del sector privado para la mitigación del impacto ambiental. Según el texto aprobado, las entidades con ingresos de hasta cinco millones de pesos pagarán una cuota anual de 5,000 pesos. A partir de ahí, la escala asciende significativamente: aquellas que facturen entre 700 y 1,000 millones de pesos aportarán 750,000 pesos; las del rango de 1,000 a 2,500 millones pagarán 1.7 millones de pesos; y las corporaciones cuyos ingresos superen los 2,500 millones deberán desembolsar 2.2 millones de pesos al año. El cobro será administrado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en dos cuotas semestrales y la ley establece que esta contribución será deducible de la renta bruta.

Además de fijar estas tarifas, el proyecto estipula que los recursos recaudados deberán ser transferidos a la Tesorería Nacional en un plazo máximo de 30 días, con el fin de nutrir directamente un fideicomiso especializado. Para facilitar la transición en lo que resta del año, el documento incluye disposiciones excepcionales que permitirán al sector empresarial saldar el monto correspondiente a 2026 durante los meses de julio y diciembre.

Más allá del esquema tributario, la normativa mantiene un componente restrictivo clave a nivel medioambiental al prohibir la importación de sorbetes, vasos, cubiertos y otros artículos de poliestireno expandido, conocido popularmente como "foam", que no posean certificación de biodegradabilidad. La pieza otorga un plazo de seis meses a partir de su entrada en vigencia para fomentar la transición obligatoria hacia materiales sostenibles como el papel y el cartón reciclado.

La celeridad con la que se sancionó esta ley generó incomodidad tanto en la cúpula empresarial que se opuso a las elevadas tasas impuestas como a lo interno del propio Congreso Nacional. La senadora por Puerto Plata, Ginnette Bournigal, criticó el apresuramiento de sus colegas y advirtió sobre los riesgos legislativos, expresando que esta experiencia debe servir "para hacer las cosas con más lentitud". La congresista puntualizó que "no está bueno" aprobar proyectos de alto impacto sin el tiempo de estudio adecuado, aunque finalmente terminó votando a favor de la iniciativa.

En respuesta a las tensiones, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió la necesidad de la reforma para dotar al Estado de fondos suficientes. Según explicó el legislador, la República Dominicana requiere una inyección de entre 20,000 y 30,000 millones de pesos para solucionar el problema de la basura de forma definitiva. Al reconocer las críticas, Pacheco admitió: "Estamos avanzando. Son medidas que generan cargas, duelen y molestan, sobre todo a los sectores productivos, y nosotros lo reconocemos". Con el cierre del proceso en el Poder Legislativo, el futuro de este nuevo régimen fiscal y ecológico queda ahora en manos del Ejecutivo.