República Dominicana ocupa el segundo lugar entre los países de América Latina con mayor cantidad de legisladores por millón de habitantes, con una tasa de 19.3, según un análisis divulgado este 20 de agosto por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) en colaboración con Diario Libre. La cifra equivale, en términos prácticos, a unos 19 congresistas por cada millón de dominicanos, un nivel que casi duplica el promedio regional de 11.8 legisladores por millón de habitantes.

El indicador contabiliza el total de integrantes del Poder Legislativo de cada país, ya sea la suma de diputados y senadores en los sistemas bicamerales o la cantidad de asambleístas en los congresos de cámara única. En el caso dominicano, ese total corresponde a los 222 miembros que conforman actualmente el Congreso Nacional: 190 diputados y 32 senadores, uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Aplicada a una población que ronda los 11.5 millones de habitantes, esa cifra es consistente con la proporción reportada por Crees.

Uruguay encabeza la lista regional con 37.9 legisladores por millón de habitantes, casi el doble de la tasa dominicana, mientras que Brasil cierra la tabla como el país con menor densidad legislativa, con apenas 2.8 congresistas por millón. La disparidad refleja diferencias estructurales entre las naciones de la región: países con poblaciones pequeñas, como Uruguay, tienden a mostrar tasas más altas per cápita, mientras que economías con población numerosa, como la brasileña, diluyen su representación legislativa en términos relativos.

El análisis de Crees plantea que la cantidad de legisladores, por sí sola, no es garantía de mejor producción legislativa. El centro sostiene que, en la práctica, las decisiones de los congresistas electos no siempre guardan relación con políticas públicas de calidad, y que el beneficio personal o partidario suele imponerse sobre la función de crear leyes. Dentro de esa lógica, según el estudio, entran medidas de corte asistencialista o clientelar como ayudas puntuales a comunidades o electores que se alejan del rol estrictamente legislativo del cargo.

Para República Dominicana, el hallazgo alimenta un debate que ha estado presente en la discusión pública sobre el tamaño y el costo del Congreso Nacional, más allá de si la cantidad de escaños responde a criterios de representación efectiva. El propio análisis de Crees plantea que el reto no es meramente numérico: la pregunta de fondo es si un Congreso numeroso se traduce en mejores leyes o si, por el contrario, la eficiencia legislativa depende de factores distintos al tamaño del cuerpo colegiado. Esa discusión sobre representación versus efectividad queda abierta como uno de los puntos pendientes en la agenda de reforma del Poder Legislativo dominicano.