El gobierno del Reino Unido, encabezado por el primer ministro Keir Starmer, ha autorizado formalmente a Estados Unidos el uso de instalaciones militares británicas —incluyendo la estratégica isla de Diego García y RAF Fairford— para ejecutar ataques contra emplazamientos de misiles iraníes. Esta medida responde a los constantes ataques de Teherán contra embarcaciones comerciales en el Estrecho de Ormuz, una vía vital para el suministro energético mundial que actualmente se encuentra bajo amenaza de bloqueo.

El cambio de postura de Downing Street ocurre tras una fase de fricción diplomática con el presidente Donald Trump, quien había cuestionado públicamente la lealtad de Londres como aliado. Aunque inicialmente Starmer exigía garantías de legalidad internacional para cualquier acción armada, la escalada de agresiones iraníes contra intereses británicos en la región terminó por forzar el acuerdo. Las operaciones han sido catalogadas como "defensivas" con el objetivo técnico de degradar la capacidad ofensiva de Irán.

Desde la otra acera, el canciller iraní Abbas Araghchi ha calificado la decisión como una "guerra elegida" que no cuenta con el respaldo de la opinión pública británica, advirtiendo que Teherán ejercerá su derecho a la autodefensa. Mientras tanto, el Reino Unido mantiene un discurso ambivalente, autorizando el uso de la fuerza pero reiterando simultáneamente un llamado a la "desescalada urgente" del conflicto.