El proceso judicial contra los 26 imputados en la segunda fase del caso conocido como Senasa 2.0 comenzó a moverse este lunes, cuando la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este miércoles, a las 2:00 de la tarde, la audiencia en la que se conocerá la solicitud de medida de coerción contra los acusados. El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para el grupo, según un expediente de 525 páginas que atribuye a una presunta red un nuevo desfalco de 41.1 millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa), ocurrido entre enero de 2021 y febrero de 2025.

De acuerdo con la acusación, en ese período se habrían aprobado 4,363 autorizaciones de consultas y procedimientos médicos facturados a nombre de afiliados que, según el Ministerio Público, nunca los solicitaron. El órgano persecutor sostiene que el mecanismo partía del uso de información real de asegurados: integrantes de la presunta red obtenían los datos, tramitaban las autorizaciones y luego reclamaban el pago a la aseguradora estatal por servicios que no habrían sido prestados, lo que además reducía la cobertura disponible en las pólizas de los propios afiliados. Entre las irregularidades citadas en el expediente figuran expedientes clínicos presuntamente confeccionados con datos de pacientes que niegan haber recibido las consultas, firmas y sellos médicos presuntamente falsificados, y hasta consultas ginecológicas registradas a nombre de hombres.

Entre los señalados en esta fase está Angeury Guzmán Vásquez, hermano de Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa y considerado por el Ministerio Público uno de los principales articuladores del esquema. Guzmán Vásquez fue detenido en abril, cuando intentaba salir del país, y actualmente cumple prisión preventiva por el caso original. Su abogado, Billy Gerónimo, declaró que sus representados están dispuestos a cooperar con la fiscalía y que Ángel Luis está "presto a llegar a cualquier tipo de solución alterna". El expediente también menciona a la esposa y a los padres de Ángel Luis, aunque ninguno de ellos ha sido detenido.

Esta nueva fase se suma al proceso abierto en diciembre de 2025 contra el entonces director ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim, y otras nueve personas, en el que el Ministerio Público atribuye a una estructura vinculada con la anterior administración de la ARS estatal un perjuicio superior a 15,900 millones de pesos, mediante contrataciones y facturaciones irregulares, sobornos y manipulación de estados financieros. El juez Rigoberto Sena impuso entonces 18 meses de prisión preventiva a Hazim y a otros seis imputados, y declaró el caso complejo. El Ministerio Público ha explicado que las pesquisas sobre Senasa no se limitan a este expediente: también investiga el llamado caso Onco14, vinculado al Instituto Oncológico Regional del Cibao.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, advirtió que la investigación podría ampliarse a otras personas o entidades. "Hasta el momento son personas físicas", dijo Ortiz, quien agregó que las pesquisas "suelen ampliarse" y que el Ministerio Público "apenas está comenzando". El director de Persecución, Wilson Camacho, publicó además en la red social X un mensaje con la cifra "3.0" acompañada de emojis, sin mencionar directamente a Senasa ni explicar su significado, aunque la publicación se produjo después de conocerse el nuevo expediente. Por ahora, el proceso que llega a los tribunales mantiene 26 imputados y una acusación de 525 páginas, con la audiencia de medida de coerción pautada para este miércoles como próximo paso inmediato.