El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) descartó el esquema de alianza público-privada para implementar la inspección técnica vehicular, conocida como “la revista”, y recurrirá a una licitación con la que prevé ponerla en funcionamiento durante el primer semestre de 2027, según informó la institución a Diario Libre.

La entidad precisó que el camino aún tiene etapas pendientes. Primero, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) debe definir el pliego de condiciones que regirá el proceso; solo después Intrant podrá abrirlo, algo que todavía no ha ocurrido.

Mientras tanto, el instituto realiza levantamientos para identificar talleres que puedan cumplir con los requisitos para participar. Intrant aseguró que no tiene ningún taller seleccionado, pues eso dependerá de que concluya la fase a cargo de la DGCP. Una vez abierta la licitación, se trabajará con los talleres y técnicos que harían las inspecciones. De acuerdo con el medio, la propuesta contempla incorporar talleres locales certificados.

La inspección cuenta con respaldo legal desde hace casi una década. El artículo 166 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que los vehículos de motor deben ser revisados técnicamente cada año por Intrant antes de que se expida el marbete correspondiente.

Pese a ello, el servicio nunca ha llegado a operar. En 2019, Intrant convocó una licitación pública internacional, bajo la modalidad de concesión, para implementar, equipar, operar y gestionar los centros de inspección, la cual fue declarada desierta. En abril de 2022, el entonces director ejecutivo, Rafael Arias, informó que en junio de ese año se haría un proceso abierto para escoger los talleres.

En marzo de 2023, con Hugo Beras al frente de Intrant, el Gobierno anunció que en unos 60 días arrancaría la licitación bajo el esquema de alianza público-privada, con operación prevista para 2025. Por esos días, Sigmund Freund, entonces director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, dijo a Diario Libre que el proyecto llevaba unos dos años en preparación y que los pliegos necesitaban ajustes antes de ser consensuados con el Consejo de Alianzas Público-Privadas. Tampoco ese procedimiento llegó a poner el sistema en marcha.

Ahora la institución, dirigida desde agosto por el mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, apuesta por una vía distinta. En lo informado hasta el momento no figuran el costo para los propietarios, el número de centros ni la cantidad de vehículos que serían inspeccionados. Que se cumpla la meta de 2027 dependerá, en primer lugar, de que la DGCP concluya el pliego de condiciones.