El productor vende con pérdidas, el consumidor sigue pagando caro y el Estado compromete recursos para retirar excedentes. Esa es la paradoja del pollo pignorado: una intervención que puede aliviar una emergencia, pero que también obliga a preguntar por qué la política agropecuaria no evitó llegar hasta ella.

El 22 de octubre, el Ministerio de Agricultura anunció el inicio de la pignoración de ocho millones de libras de pollo para estabilizar el mercado y conservar reservas destinadas al consumo navideño. En mayo había anunciado un programa por igual volumen. La repetición exige explicar qué se ejecutó, cuáles fueron sus resultados y por qué persiste el desequilibrio.

Según denunciaron asociaciones de pequeños y medianos avicultores, algunos productores reciben entre RD$30 y RD$31 por libra de pollo vivo, frente a costos estimados entre RD$41 y RD$42. Son pérdidas de entre RD$10 y RD$12 por libra. Las mismas organizaciones señalan precios al consumidor de entre RD$80 y RD$100.

Ambos precios corresponden a productos distintos: entre el animal vivo y el pollo procesado intervienen diferencias de rendimiento, sacrificio, transporte, refrigeración y comercialización. Pero esa precisión no elimina la pregunta: ¿cuánto de la caída del precio en granja llega realmente a las familias y cómo se distribuyen los márgenes de la cadena?

La respuesta requiere información, no consignas. Deben examinarse conjuntamente la producción nacional, el volumen y calendario de las importaciones, los inventarios disponibles y la capacidad de compra de los hogares. Atribuir toda la crisis a un solo factor sería insuficiente; ignorar cualquiera de ellos también.

Las asociaciones denunciaron que las importaciones de pollo entero aumentaron un 245.8 % entre enero y septiembre de 2026 respecto al mismo período de 2025. La cifra merece atención, pero debe acompañarse de sus volúmenes absolutos y distinguirse de las importaciones de cortes y otras presentaciones. Un porcentaje elevado, sin conocer su base, no permite medir por sí solo cuánto explica de la sobreoferta.

Precisamente por eso, Agricultura y Aduanas deben publicar los datos completos: cantidades autorizadas, entradas efectivas, procedencia, inventarios almacenados y volúmenes destinados al mercado nacional. También deben identificar los criterios utilizados para compatibilizar esas operaciones con la producción local prevista.

La competencia internacional plantea asimetrías evidentes. Las economías de escala y el acceso a insumos pueden ofrecer ventajas importantes a los proveedores extranjeros. Sin embargo, una diferencia de costos no demuestra por sí sola competencia desleal. Si existen indicios de prácticas distorsionantes, corresponde investigarlos con evidencia y mediante los instrumentos legales aplicables.

Lo mismo ocurre con los centros logísticos. El almacenamiento bajo un régimen de suspensión tributaria no equivale automáticamente a una exoneración ni demuestra una irregularidad. La cuestión relevante es si las autoridades conocen esos inventarios, fiscalizan su nacionalización y consideran su disponibilidad al evaluar el abastecimiento interno.

La concentración de beneficios también debe investigarse con datos. El Gobierno debe informar quiénes importan, bajo qué condiciones y qué participación concentran. Esa transparencia debe alcanzar igualmente a las empresas que compran, procesan y almacenan el pollo pignorado. El acceso efectivo de pequeños productores no puede depender de una promesa sin seguimiento público.

La factura fiscal exige igual rigor. No todo financiamiento constituye gasto definitivo ni todo crédito del Banco Agrícola representa una pérdida para el contribuyente. Deben distinguirse préstamos recuperables, subsidios, intereses, almacenamiento, garantías y eventuales pérdidas.

¿Cuánto aporta el presupuesto? ¿Quién asume el costo de conservación? ¿Qué riesgos quedan en manos públicas? ¿Cuánto reciben efectivamente los pequeños avicultores? Anunciar ocho millones de libras no responde cuánto cuesta la intervención ni permite evaluar sus resultados.

La pignoración puede ser útil para administrar excedentes temporales. Se vuelve problemática cuando sustituye la coordinación y se repite sin una evaluación que permita corregir sus causas. El objetivo debe ser reducir la necesidad de rescates, preservando al mismo tiempo el abastecimiento y precios accesibles.

El debate sobre el arroz deja una advertencia relacionada: la apertura comercial debe acompañarse de preparación productiva y medidas de adaptación. Aunque ambos mercados tienen características distintas, comparten una exigencia: anticipar los efectos de las decisiones públicas sobre productores y consumidores.

La Estrategia Nacional de Desarrollo, consagrada en la Ley 1-12, ofrece el marco para superar esta administración de emergencias.

Primero, necesitamos un sistema público de información que integre producción prevista, importaciones, inventarios, consumo y precios. La programación avícola exige mirar toda la cadena, desde las reproductoras y la incubación hasta la salida al mercado.

Segundo, las autorizaciones y los mecanismos de asignación deben responder a criterios publicados, verificables y compatibles con los compromisos comerciales del país. Donde corresponda, deben utilizarse procedimientos competitivos que reduzcan la discrecionalidad.

Tercero, debemos promover insumos nacionales donde exista viabilidad económica, agronómica e hídrica, junto con proveedores externos diversificados y mayor eficiencia alimenticia.

Cuarto, las compras institucionales deben programarse según necesidades reales, mediante contratación transparente y acceso verificable de pequeños productores. La infraestructura compartida de procesamiento y frío puede ampliar su capacidad de negociación, siempre con reglas claras y sostenibilidad financiera.

Defender al productor y proteger al consumidor son responsabilidades complementarias. Ambas requieren competencia, información y una gestión responsable de los recursos públicos.

La pignoración puede aliviar la crisis de hoy. La obligación del Gobierno es explicar su costo y evitar que mañana tengamos que financiar nuevamente las consecuencias de la misma descoordinación.