El Gobierno dominicano colocó bajo especial protección las principales infraestructuras y fuentes de agua del país mediante el Decreto 615-26, firmado el miércoles por el presidente Luis Abinader, con el que declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al llamado "terrorismo medioambiental", según reportó Diario Libre. La norma busca prevenir agresiones deliberadas contra ríos, bosques y áreas protegidas, principalmente aquellas con impacto directo sobre la seguridad hídrica del país.

El artículo 2 del decreto se sustenta en la Ley 267-08 sobre Terrorismo para identificar, en su artículo 8, las infraestructuras del sector agua consideradas estratégicas: presas, embalses, lagos, canales principales de riego, acueductos y plantas de tratamiento. A esa lista, la norma suma como "activos ambientales de especial protección" las cuencas hidrográficas prioritarias, los acuíferos, manglares, humedales, arrecifes coralinos, bosques protectores y nacimientos de ríos, además de otros ecosistemas cuya afectación grave pueda comprometer la seguridad hídrica, alimentaria, ambiental o económica de la nación.

El propio decreto aclara, en el párrafo de su primer artículo, que el término "terrorismo ambiental" se aplicará con fines administrativos, preventivos y de coordinación interinstitucional, y que una infracción no adquirirá automáticamente esa calificación, sino que deberá cumplir con los elementos que exige la legislación penal para ser tratada como tal. La identificación y neutralización de las amenazas contra estos activos estratégicos quedó a cargo del Comité Nacional Antiterrorista y de la Dirección Nacional Antiterrorista (DNA), mientras que el artículo 4 instruye al Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ministerio Público a diseñar un plan conjunto de prevención y combate.

Durante la firma del decreto, Abinader catalogó como actos de terrorismo medioambiental la desaparición o el daño sistemático a los parques nacionales y advirtió que tanto dominicanos como extranjeros que incurran en quemas de bosques o extracción ilegal de arena en ríos enfrentarán persecución penal, con sanciones de entre 20 y 30 años de prisión conforme al nuevo Código Penal, según confirmaron también N Digital y la Presidencia de la República. "Hemos decidido actuar de manera drástica", afirmó el mandatario, en referencia al hallazgo de que buena parte de los parques nacionales del país ni siquiera contaban con títulos de propiedad a nombre del Estado.

El decreto ordena, además, que todas las agresiones contra el patrimonio ambiental sean remitidas de inmediato al Ministerio Público, que tendrá a su cargo determinar las infracciones y dirigir las investigaciones, y dispone habilitar plataformas tecnológicas y mecanismos de denuncia confidencial, con garantías de protección para quienes reporten actividades que amenacen los recursos naturales estratégicos. La medida llega en un contexto de deterioro documentado de los ecosistemas del país extracción ilegal de arena, incendios provocados y contaminación de ríos, problemática que Diario Libre ha retratado en investigaciones como "Bosques dominicanos: Conservación bajo asedio" y "Ríos dominicanos: Caudales en agonía".

El mismo día de la firma del decreto, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, anunció la intervención de La Neverita, una zona del río Nizao entre San Cristóbal y Peravia degradada por el daño ambiental hasta convertirse en un atractivo turístico irregular, y confirmó que ya se trabaja en la recuperación del río Haina. Abinader insistió en que el objetivo central del decreto es establecer "un régimen de consecuencias" que disuada y persiga con mayor efectividad el deterioro de los ecosistemas del país, sin descartar, más adelante y sujeta a consenso con los sectores involucrados, una eventual modificación de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.