La brecha entre el diseño de las políticas públicas y su ejecución física echa sombras sobre la agenda de infraestructura del Gobierno dominicano. Diversos proyectos de alto impacto social y económico, reiteradamente presentados en discursos oficiales como hitos del desarrollo nacional, permanecen paralizados, con retrasos severos o con sus cronogramas de entrega postergados de forma sistemática. De acuerdo con una investigación de Diario Libre respaldada en registros de seguimiento de obras estatales, proyectos que van desde sistemas de alcantarillado sanitario en el interior hasta megaobras de transporte metropolitano evidencian un marcado letargo que contradice los plazos anunciados a la ciudadanía.

Uno de los ejemplos más evidentes de esta reprogramación es el sector turístico de la región Sur. En junio de 2025, la Autoridad Portuaria Dominicana anunció con entusiasmo el arribo de cruceros a la provincia de Barahona para el año 2026; sin embargo, las metas logísticas no se cumplieron y la fecha de llegada de las embarcaciones se pospuso formalmente para 2027. Esta postergación se suma al rezago de proyectos de saneamiento básico de alta necesidad social: los sistemas de alcantarillado para los municipios de Mao, Tenares y Licey al Medio cuyas entregas fueron prometidas para los periodos de 2023 y 2025 continúan en fase de proceso sin una fecha clara de conclusión.

En el ámbito de las soluciones viales y de transporte de pasajeros, el panorama de ralentización es igualmente crítico. La avenida circunvalación de Los Alcarrizos, declarada como prioritaria para aliviar el congestionamiento del tránsito en Santo Domingo Oeste, avanza de forma extremadamente lenta a pesar de haber iniciado su construcción en el año 2021. Por su parte, el Monorriel de Santiago, el proyecto de movilidad masiva más importante de la región norte del país iniciado oficialmente en marzo de 2022 con la expectativa de ser entregado a finales de 2024, ha visto deslizar sus plazos sucesivamente. Tras reprogramar su inauguración para el primer trimestre de 2025, las autoridades ahora proyectan que el sistema operará en diciembre de 2026.

Este rezago estructural de las obras públicas no solo afecta la calidad de vida de los comunitarios de las zonas impactadas, sino que representa un desafío de credibilidad para la administración estatal. En la República Dominicana, donde el debate sobre la eficiencia del gasto público y la necesidad de una reforma fiscal integral se mantiene activo, la dilación de infraestructuras clave limita el retorno social de las inversiones ya presupuestadas. La incapacidad de cumplir con los plazos de entrega inicialmente pautados genera un costo de oportunidad significativo para los sectores productivos nacionales, obligando al Estado dominicano a revaluar de manera urgente sus mecanismos de adjudicación, supervisión técnica y flujo de cubicaciones para evitar que las obras sigan perdiéndose entre el anuncio y la realidad.