El año escolar no empieza cuando se corta la cinta. Empieza cuando el aula tiene agua, luz y techo. Cuando el niño entra, se sienta y encuentra un maestro frente a un pizarrón que no gotea. Todo lo demás el acto, la foto, el anuncio de “2.6 millones de estudiantes de vuelta a clases” es protocolo. Útil, incluso necesario. Pero no es el hecho educativo.

Esta semana, la Asociación Dominicana de Profesores presentó un dato que debería bastar para interrumpir la inercia. Según su monitoreo, basado en 1,832 respuestas correspondientes a 1,729 centros educativos, 237 reportaron no haber iniciado clases con estudiantes durante la primera semana del año escolar 2026-2027 y otros 108 una apertura parcial. De acuerdo con la clasificación del informe, el 18.8 por ciento de las respuestas reflejó que la apertura no fue plena.

El monitoreo abarcó alrededor del 22 por ciento de los centros públicos. No es un censo nacional, pero sí una muestra suficientemente amplia para encender las alarmas. La causa principal no fue un misterio pedagógico: obras inconclusas, aulas inservibles y falta de agua o electricidad. Además, el 60.3 por ciento de los centros consultados no recibió reparaciones durante el receso.

Eso no es “un problema de maestros”. Es el termómetro de si el 4 por ciento del PIB se convierte en jornada escolar o se queda en partida presupuestaria.

La Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, no trata la educación como un gasto residual ni como bandera de un gobierno. La coloca en el corazón de dos promesas que el país se hizo a sí mismo: cohesión social y competitividad. Planteó educación inicial desde los tres años, calidad, cobertura y una infraestructura capaz de sostener la jornada escolar.

El Pacto Nacional para la Reforma Educativa, firmado en 2014 y vigente hasta 2030, tradujo esa visión en compromisos concretos: calendario y horario irrenunciables, aulas y docentes suficientes, financiamiento adecuado y veeduría de resultados. El 4 por ciento no era el destino. Era el instrumento.

Hay que reconocer lo que es justo. Antes de 2013 el país educaba con una escasez fiscal visible. En 2012 el Ministerio de Educación ejecutó cerca de RD$59 mil millones. En 2013, con la aplicación del piso del 4 por ciento, el presupuesto se acercó a RD$100 mil millones. Para 2026, el MINERD tiene asignados más de RD$332 mil millones y, al sumar la educación superior, el conjunto ronda los RD$355 mil millones, aproximadamente el 4.1 por ciento del PIB.

Durante los primeros años de aplicación del 4 por ciento y de vigencia del Pacto Nacional para la Reforma Educativa se compraron terrenos, se construyeron y repararon planteles, se expandió la jornada escolar extendida y se ejecutó un amplio programa de edificaciones en todo el territorio nacional. Eso ocurrió. Negarlo sería tan poco serio como aceptar que, después de más de una década de presupuestos equivalentes al 4 por ciento del PIB, el primer día de clases todavía dependa de si el techo está o no está.

La paradoja es esa. El PIB creció y el 4 por ciento creció con él. Pero ese 4 por ciento no es un cheque que se deposita directamente en el aula. Es una masa de recursos que, en los últimos años, se concentra principalmente en gastos corrientes: nómina, programas y operación. El gasto destinado a construir, rehabilitar y terminar planteles representa menos del 7 por ciento del presupuesto del MINERD.

Una escuela sin mantenimiento a los cinco años es una escuela a medio construir. Por eso todavía hay planteles con obras de once o trece años “en proceso”, aulas levantadas en estructuras provisionales y centros clausurados por riesgos estructurales. El país no padece solamente un déficit de aulas nuevas. Padece un déficit de conclusión y de cuidado de lo que ya pagó.

A la mala composición del gasto se suma una demanda escolar que también ha cambiado y que el Estado no ha controlado adecuadamente y, en el peor de los casos, ni siquiera ha dimensionado con suficiente anticipación.

Según el Anuario de Estadísticas Educativas del MINERD, durante el año escolar 2024-2025 había 2,612,882 estudiantes. De ellos, 233,202 eran extranjeros, equivalentes al 8.9 por ciento. Los estudiantes de nacionalidad haitiana sumaban 205,369: el 7.9 por ciento de toda la matrícula y el 88 por ciento de los extranjeros. De ese total, 164,070 asistían a escuelas públicas.

Esto no se resuelve con un titular. Tampoco se esconde detrás de la frase cómoda de que “la educación es un derecho”. Claro que lo es, especialmente para el niño, que no es responsable de su condición migratoria ni de las fallas del Estado. Precisamente por eso, garantizar ese derecho exige planificación.

Nacionalidad y estatus migratorio no son lo mismo, y estas cifras no demuestran por sí solas que un estudiante extranjero haya desplazado a uno dominicano. Pero sí revelan una presión significativa que debe medirse por centro, distrito y territorio. El MINERD necesita conocer y proyectar la demanda; Migración debe aplicar la ley; y el presupuesto debe prever aulas, docentes, agua y servicios para una realidad demográfica que no puede administrarse con silencio ni improvisación.

Si el control migratorio es deficiente y la demanda escolar crece por una vía que el Estado no gobierna ni planifica, el 4 por ciento se distribuye entre más alumnos por aula, más presión sobre los docentes, mayor demanda de servicios y mantenimiento y menos espacio disponible. Política migratoria y política educativa son, en este punto, partes de una misma política de desarrollo. Separarlas es improvisar dos veces.

Nada de lo anterior niega lo que sí se entrega: aulas nuevas, transporte escolar, Bono a Mil e intentos de incorporar tecnología. El problema no es que “no se haga nada”. Es que se inaugura lo visible y se aplaza lo invisible. El corte de cinta no llena el tanque ni cierra la filtración. El niño, en cambio, sí llega el lunes.

La END no pide otro pacto. Pide cumplir el que ya existe. Eso, en lenguaje de cuentas claras, cabe en cinco exigencias mínimas.

Primero, un inventario público, por distrito, de los planteles que no pueden abrir o que funcionan parcialmente, identificando la causa: obra inconclusa, riesgo estructural, falta de agua o de electricidad.

Segundo, un calendario de terminación con fechas ciertas, no solamente con “porcentajes de avance”.

Tercero, un piso presupuestario protegido para mantenimiento preventivo, rehabilitación y terminación de planteles, independientemente de su clasificación contable. La infraestructura escolar no puede seguir siendo el residuo de la nómina.

Cuarto, publicar los cupos reales frente a los anunciados y la composición de la matrícula por centro y distrito, respetando la privacidad de los estudiantes, para planificar en lugar de discutir a ciegas.

Quinto, medir el año escolar por días efectivos de clase impartidos en aulas habitables, no solamente por presupuesto ejecutado, actos inaugurales o estudiantes convocados.

El desarrollo del capital humano es una de las grandes prioridades nacionales y uno de los compromisos en los que el país acumula mayores rezagos. Se puede asfaltar una carretera en un cuatrienio. Formar una generación toma tres. Cada semana sin aula no es una anécdota de inicio de año. Es tiempo que la Estrategia Nacional de Desarrollo ya contabilizó y que el presupuesto ya pagó… en otra partida.

El 4 por ciento cumplió una promesa de piso fiscal. Todavía no garantiza la promesa de un aula digna y mucho menos el aprendizaje indispensable. Esa es la diferencia entre gastar en educación y educar. Y esa diferencia se ve, cada agosto, en la puerta de una escuela que no abrió y, al final del trayecto, en los resultados de las pruebas nacionales.