Cada viernes el Gobierno anuncia cuánto destinará a contener el precio de los combustibles. Informa el esfuerzo que hace para evitar que toda el alza internacional llegue al consumidor. Es información importante. Falta la otra mitad de la cuenta: cuánto está cobrando el Estado en impuestos a esos mismos combustibles mientras suben sus precios de importación y cuánto ha pagado efectivamente para subsidiarlos.

No es un detalle contable. El subsidio no apaga los impuestos. La fórmula de precios contempla un gravamen específico por galón y un impuesto ad valorem de 16 % vinculado al precio de paridad de importación. El Estado recauda por una vía y destina recursos por otra para contener el precio de venta. Por eso pueden aumentar al mismo tiempo la recaudación tributaria y el costo del subsidio.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ofrece una parte de la respuesta. Entre enero y agosto de 2026 recaudó RD$25,562.5 millones por el impuesto ad valorem y RD$36,213.1 millones por el específico. En conjunto, RD$61,775.6 millones. En los mismos ocho meses de 2025, ambos impuestos aportaron RD$57,903.5 millones. El aumento ronda los RD$3,872 millones.

Casi todo ese incremento procede del impuesto porcentual: RD$3,840.2 millones adicionales. El específico aportó apenas RD$31.8 millones más. Ambos datos figuran en el informe de la DGII. Cuando sube el costo de importación, también puede subir la recaudación del tributo calculado como porcentaje de ese costo, aunque el Gobierno mantenga un subsidio para moderar el precio final.

Agosto muestra el fenómeno con mayor claridad. Los dos impuestos generaron RD$7,464.8 millones, frente a RD$5,775.1 millones en agosto de 2025: RD$1,689.7 millones adicionales en un solo mes, un aumento de 29.3 %. La propia DGII atribuye principalmente ese crecimiento a un alza promedio de 24.1 % en los precios de los combustibles.

Esto no significa que el subsidio sea ficticio ni que el Gobierno esté ganando dinero con la crisis. Tampoco permite atribuir cada peso adicional de recaudación exclusivamente al precio: influyen los galones comercializados, la composición del consumo y los momentos en que se registran los pagos. Significa algo más preciso: el alza internacional también aumenta una fuente de ingresos fiscales, y ese ingreso debe figurar cuando el Gobierno explica el costo de su política de contención.

El presupuesto original de 2026 proyectaba RD$89,644 millones para los dos impuestos a los hidrocarburos durante todo el año: RD$56,572.6 millones por el específico y RD$33,071.4 millones por el ad valorem. Dividir esa cifra entre doce y compararla con la recaudación de ocho meses daría apenas una referencia aritmética: los ingresos no se distribuyen necesariamente por partes iguales. En el informe de agosto de la DGII, las metas reformuladas de enero a agosto para ambos impuestos suman RD$61,192.2 millones. Lo recaudado supera esa meta en aproximadamente RD$583 millones. Conviene que el Gobierno publique también la trayectoria mensual prevista en el presupuesto original para saber cuánto cambió la expectativa durante la crisis.

Del lado del gasto, la presión es evidente. El Gobierno informó el 18 de septiembre que los subsidios a combustibles en 2026 superaban los RD$33,807 millones, frente a una programación inicial de poco más de RD$13,500 millones. Pero el mismo comunicado anunciaba recursos para la semana del 19 al 25 de septiembre. Su cifra acumulada, por tanto, no permite saber por sí sola cuánto se había pagado al día 18, cuánto estaba comprometido y cuánto correspondía a días posteriores. Esa distinción importa si pretendemos hacer una cuenta fiscal rigurosa.

Tampoco sería correcto restar los RD$33,807 millones comunicados en septiembre a los RD$61,775.6 millones recaudados hasta agosto y presentar el resultado como un balance. Son períodos diferentes. Ni bastaría sumar anuncios semanales para resolverlo: una asignación anunciada, una obligación reconocida y un pago realizado son cosas distintas.

La pregunta sigue en pie, ahora con cifras que la vuelven ineludible: ¿cuánto recaudó adicionalmente el Estado por impuestos a los hidrocarburos durante esta crisis y cuánto desembolsó, en el mismo período, para contener sus precios? La primera parte tiene una respuesta parcial en la DGII. Para responder la segunda y calcular un balance comparable hace falta información que los comunicados de los viernes no ofrecen.

Hay, además, otra cifra que debe mantenerse separada. Hacienda estima en RD$13,748.4 millones el gasto tributario del impuesto selectivo a los hidrocarburos para 2026. Es una estimación de ingresos no percibidos por tratamientos tributarios específicos, medida frente a un régimen de referencia. No equivale al subsidio anunciado para contener precios ni debe sumarse automáticamente a él.

Pido al Ministerio de Hacienda, al MICM, a la DGII y a Digepres una conciliación mensual, desde enero de 2025, desglosada por combustible. Debe mostrar los galones comercializados; lo recaudado por el impuesto específico y el ad valorem; el subsidio calculado, el comprometido y el efectivamente pagado; y los saldos pendientes. Debe incluir las metas originales y reformuladas, las modificaciones presupuestarias y la fuente de financiamiento del gasto adicional.

Con esa información podremos responder tres preguntas distintas: cuánto más se recaudó que en igual período del año anterior; cuánto se recaudó por encima de lo previsto; y cómo cambió el balance entre estos impuestos y los subsidios efectivamente pagados. Ese balance sería una medida útil de esta política, aunque no agotaría todos los efectos fiscales y económicos de importar combustibles más caros.

La transparencia tampoco es una excusa para retirar de golpe la protección a los hogares o al transporte de alimentos. Es la condición para evaluar cuánto cuesta, a quién beneficia y cómo sostenerla. El consumidor puede estar pagando más por galón mientras el fisco recauda más; y el Gobierno puede estar gastando en subsidios mucho más de lo que obtiene por esa recaudación adicional. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez.

El Gobierno tiene derecho a explicar su esfuerzo frente a la crisis. La ciudadanía tiene derecho a la cuenta completa. No basta decir cada viernes cuánto subsidia el Estado. Hay que decir cuánto cobra, cuánto ha pagado de verdad y cuál es el balance cuando ambas cifras corresponden a los mismos combustibles y a las mismas fechas.