República Dominicana se mantiene entre los países de América Latina con mayor proporción de empleados públicos respecto al total de personas ocupadas, en un escenario marcado por el crecimiento sostenido de la nómina estatal durante la última década.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) citados por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), República Dominicana ocupó en 2025 el quinto lugar regional, con un 14.2 % de sus ocupados vinculados al sector público.

Los datos más recientes del Banco Central, correspondientes al primer trimestre de 2026, elevan esa proporción a 14.4 %. Cuando el cálculo se limita a los trabajadores formales, la participación del empleo estatal alcanza el 29.1 %.

En la comparación regional, República Dominicana se encuentra por debajo de Panamá, Argentina, Uruguay y Costa Rica. Esos países registraron proporciones de empleo público de 16.4 %, 15.8 %, 15.4 % y 14.8 %, respectivamente.

El promedio latinoamericano utilizado en la comparación fue de 10.2 %, lo que coloca a República Dominicana cuatro puntos porcentuales por encima de ese nivel.

La dimensión del fenómeno también puede observarse en el número absoluto de trabajadores. Los registros de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales indican que en junio de 2026 la nómina pública alcanzó un máximo de 782,548 empleados.

La cifra representa un aumento de 34.9 % frente a junio de 2017, cuando el número de trabajadores registrados en el sector público era de 580,302. En términos absolutos, supone alrededor de 202,000 empleados adicionales en una década.

El crecimiento de la nómina tiene una dimensión fiscal porque los salarios del sector público no constituyen el único costo asociado a cada puesto. Las remuneraciones también están vinculadas con aportes a la seguridad social, regalía pascual, vacaciones, prestaciones y otros compromisos laborales.

Para 2026, el presupuesto contempla que las remuneraciones de los empleados públicos representen el 23.2 % del gasto total y equivalgan al 4.3 % del producto interno bruto.

El aumento del empleo estatal, sin embargo, debe analizarse también desde la perspectiva de los servicios que presta el Estado. Una parte importante de los servidores públicos trabaja en áreas esenciales como educación, salud, seguridad y administración de servicios fundamentales.

Por esa razón, el debate sobre el tamaño de la nómina no puede reducirse exclusivamente al número de empleados. También requiere determinar si las contrataciones responden a necesidades permanentes de las instituciones, si existen niveles adecuados de productividad y si los recursos humanos están distribuidos de acuerdo con las prioridades públicas.

La comparación regional ofrece, además, referencias sobre distintas estrategias. Argentina, que registraba una de las mayores proporciones de empleo público de la región, inició un proceso de reestructuración del Estado y, según las autoridades de ese país citadas por CREES, había eliminado 71,711 puestos hasta junio de 2026.

En República Dominicana, los datos muestran que la nómina continúa creciendo. El desafío para las autoridades consiste en determinar cómo equilibrar las necesidades de personal de un Estado en expansión con la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El comportamiento del empleo público seguirá siendo, por tanto, un indicador relevante para evaluar la evolución del gasto estatal, especialmente en momentos en que el país busca ampliar la calidad de los servicios públicos sin comprometer el equilibrio fiscal.