Un conjunto de organizaciones sociales, agrupadas en el espacio de articulación Foro Ciudadano, manifestó su rechazo absoluto al proyecto de ley de medidas fiscales que se discute en el Congreso Nacional, exigiendo la paralización inmediata de su conocimiento legislativo para abrir un proceso de concertación nacional. A través de un documento público difundido este jueves, los colectivos denunciaron que el paquete impositivo propuesto por el Poder Ejecutivo carece de consenso social y sectorial, advirtiendo que su aprobación bajo la actual modalidad acelerada vulnera los principios de participación democrática y equidad económica en la República Dominicana.

De acuerdo con el manifiesto suscrito por entidades como la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) y el Centro Juan XXIII, el diseño actual del plan fiscal posee un carácter regresivo que afectará de manera desproporcionada a la clase media y a los segmentos de menores ingresos. Las organizaciones argumentaron que las nuevas cargas impositivas sobre los servicios profesionales, el consumo y el sector inmobiliario reducirán la capacidad de compra de los trabajadores dominicanos, neutralizando los avances salariales logrados en los últimos años y profundizando las brechas de desigualdad estructural que arrastra la sociedad.

Las entidades civiles criticaron con dureza la celeridad con la que el Senado de la República tramitó y aprobó de urgencia la pieza legislativa, señalando que una reforma macroeconómica de esta envergadura no puede ser conocida de espaldas a los sectores productivos y sociales que sostienen la base tributaria del país. Los portavoces del colectivo enfatizaron que el Congreso Nacional debe actuar como un espacio de contrapeso técnico y deliberación ponderada, en lugar de operar como un canal de validación automática para iniciativas que impactan directamente el costo de la vida y la estabilidad presupuestaria de las familias dominicanas.

Ante el escenario de presión legislativa en la Cámara de Diputados, la coalición de organizaciones demandó la convocatoria inmediata a vistas públicas y mesas técnicas de trabajo donde se escuchen las propuestas de reforma formuladas desde la sociedad civil. Las entidades proponen que la estrategia de recaudación estatal se reoriente hacia el combate efectivo de la evasión fiscal, la eliminación de exenciones corporativas innecesarias y la optimización del gasto público, antes de recurrir a la creación de nuevos arbitrios que penalicen el trabajo independiente y las microempresas.

El posicionamiento de estas agrupaciones marca el inicio de un clima de resistencia social frente a la reforma impositiva del año 2026, lo que introduce un elemento de presión política para el bloque oficialista en la cámara baja. El desarrollo del debate parlamentario en las próximas horas determinará si el Poder Legislativo acoge el llamado a diálogo formulado por las bases sindicales y comunitarias o si, por el contrario, mantiene la ruta crítica de aprobación acelerada para poner en vigencia el nuevo esquema fiscal antes del cierre del presente periodo legislativo.