El Gobierno de los Estados Unidos autorizó de manera excepcional la realización de transacciones financieras con Venezuela que habitualmente están prohibidas por su régimen de sanciones, con la condición de que se destinen exclusivamente a las labores de asistencia y socorro tras el doble sismo ocurrido el pasado miércoles, según informó el Departamento del Tesoro estadounidense. La medida, que entró en vigor de forma inmediata, estará vigente hasta el 23 de octubre de 2026 para dar cobertura legal a las operaciones de emergencia que busquen mitigar los efectos de la tragedia, la cual ha provocado la muerte de más de 180 personas en el territorio sudamericano.

De acuerdo con las disposiciones dictadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Tesoro norteamericano, el mecanismo activa un permiso especial que exceptúa estas transferencias del cumplimiento del Reglamento de Sanciones contra Venezuela. No obstante, las autoridades federales aclararon explícitamente en su directriz que esta exención no significa de ningún modo el desbloqueo de fondos o bienes que ya se encuentran congelados bajo el marco legal punitivo ordinario, ni tampoco extiende el beneficio a ninguna otra actividad comercial o política ajena a la emergencia.

La flexibilización decretada por la administración estadounidense responde a la emergencia humanitaria causada por el registro consecutivo de dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,4, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno calificado como el desastre sísmico más destructivo de la historia reciente de esa nación. Como parte de la respuesta gubernamental, el Departamento de Estado de los Estados Unidos formalizó la asignación de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) dedicados a la crisis venezolana, junto con otros 50 millones de dólares para financiar directamente los equipos y despliegues operativos que ya trabajan sobre el terreno.

Este alivio condicionado de las sanciones se inserta en un contexto donde Washington mantiene una política de licencias muy restrictivas desde la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero pasado. Los únicos permisos previos de la OFAC se limitaban al ámbito petrolero bajo la gestión de la mandataria interina, Delcy Rodríguez. El impacto de la catástrofe ha modificado las prioridades diplomáticas inmediatas, abriendo canales financieros extraordinarios para evitar que el bloqueo económico paralice el flujo internacional de insumos médicos, alimentos y soporte técnico para la remoción de escombros en las zonas siniestradas.

Para la República Dominicana, el desarrollo de esta crisis fronteriza representa una variable de alta atención logística y consular. La agilización de los fondos internacionales y el alivio de las trabas financieras facilitan que las comisiones de ayuda humanitaria, incluyendo los eventuales envíos de soporte y las gestiones de la cancillería dominicana para verificar la situación de los criollos residentes en la zona afectada del epicentro, operen en un entorno regional con menores restricciones bancarias y mayor flujo de recursos de rescate. El curso de los acontecimientos queda ahora sujeto a la efectividad del despliegue de las agencias de la ONU encargadas de administrar la millonaria asistencia aprobada.