Los dominicanos volvemos a recibir una noticia conocida: suben los combustibles y el Gobierno anuncia, al mismo tiempo, que está realizando un enorme sacrificio para evitar que suban todavía más.

Para esta semana, la gasolina regular y el gasoil regular aumentaron otros RD$3.00 por galón, mientras el Gobierno afirma destinar RD$1,087.9 millones adicionales para contener parcialmente los precios.

El problema no es únicamente cuánto suben. El problema es que los dominicanos no disponemos de información suficientemente clara, verificable y comprensible para determinar cuánto cuesta realmente importar los combustibles, cuánto corresponde a impuestos y márgenes y cuánto del llamado “subsidio” constituye realmente un desembolso o sacrificio fiscal.

Y esta discusión no la ha inventado la oposición. El Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha solicitado una auditoría técnica al procedimiento utilizado para fijar semanalmente los precios y ha señalado posibles distorsiones en el Precio de Paridad de Importación (PPI). Sus análisis han cuestionado que determinadas diferencias presentadas como subsidios constituyan necesariamente transferencias fiscales en el sentido convencional.

Antonio Ciriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, también ha advertido sobre aspectos del PPI que merecen mayor transparencia, desde el precio internacional de referencia hasta componentes de la estructura de costos cuya razonabilidad resulta difícil verificar públicamente.

Por eso el debate no debería reducirse a creerle al Gobierno o creerle a sus críticos.

La respuesta correcta es abrir las cuentas.

¿Cuál fue el precio efectivo de compra? ¿Cuánto costaron flete, seguro y financiamiento? ¿Cuáles fueron los márgenes reconocidos? ¿Cuánto se recaudó en impuestos? ¿Cuál habría sido exactamente el precio semanal sin intervención del Gobierno? ¿Cuánto dejó de recaudar el Estado y cuánto dinero efectivamente desembolsó?

Y hay una pregunta adicional: ¿los precios a los que se adquieren los combustibles se corresponden realmente con las condiciones del mercado internacional o existe alguna distorsión en el proceso de compra?

La transparencia no debe comenzar solamente en la fórmula. Debe comenzar en la compra.

Hoy existen empresas privadas que también importan combustibles y compiten en el mercado dominicano. Sin violentar información comercial confidencial, esos precios y costos pueden servir como referencia para evaluar la eficiencia de las adquisiciones de Refidomsa y determinar si eventuales diferencias responden a volumen, calidad, financiamiento, logística u otras razones justificables. No basta con saber si el PPI está bien calculado. También debemos saber si el precio sobre el cual comenzamos a calcularlo es competitivo.

Y esto no debería ser una concesión política. Es una obligación pendiente de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

La Ley 1-12 estableció desde 2012 como objetivo garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, competitivo y ambientalmente sostenible. Y fue todavía más específica: dispuso “revisar y transparentar el mecanismo de cálculo del precio de los combustibles”.

Han transcurrido catorce años. Si todavía discutimos qué contiene realmente el PPI y cuánto representa el verdadero esfuerzo fiscal semanal, tenemos una tarea institucional pendiente. Pero transparentar los precios es apenas el comienzo. Si existe un subsidio real, debemos preguntarnos también a quién estamos subsidiando. No tiene el mismo impacto económico proteger el combustible utilizado por el transporte público, el transporte de alimentos, la producción agropecuaria y determinadas actividades productivas que subsidiar indiscriminadamente el consumo de todo el parque vehicular.

Una política inteligente debería concentrar cualquier mecanismo de estabilización prioritariamente donde una subida del combustible se convierte rápidamente en inflación: transporte colectivo, carga, producción agrícola y cadenas esenciales de distribución. Focalizar permite proteger mejor a quienes realmente lo necesitan utilizando menos recursos públicos. Sin embargo, incluso un subsidio perfectamente transparente y focalizado seguiría siendo una solución coyuntural.

La verdadera pregunta es otra: ¿qué estamos haciendo para necesitar menos petróleo importado dentro de diez o veinte años?

También aquí la END fue clara. La Ley 1-12 ordenó promover la producción local y el uso sostenible de biocombustibles, particularmente en el transporte, precisamente para reducir la dependencia de las importaciones. Pero existe algo todavía más importante: el país no necesita comenzar creando el marco jurídico. Ya lo tiene. Desde 2007, la Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales estableció las bases legales para desarrollar los biocombustibles en República Dominicana. La legislación reconoce el bioetanol y el biodiésel, contempla incentivos para equipos destinados a su producción y su reglamentación establece mecanismos para mezclar alcoholes carburantes y biodiésel con los combustibles fósiles, bajo estándares de calidad y porcentajes determinados por las autoridades competentes. Es decir, hace casi dos décadas el país creó instrumentos legales para comenzar a sustituir parcialmente combustibles importados por energía producida aquí.

No estamos, por tanto, ante una idea que requiera inventar desde cero instituciones, legislación o incentivos. Tenemos la Ley 57-07. Tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tenemos instituciones responsables de ejecutarlas. Lo que ha faltado es convertir ese marco jurídico en una política sostenida de desarrollo de biocombustibles.

República Dominicana posee caña de azúcar, experiencia histórica en destilación, producción de palma africana y residuos agrícolas y agroindustriales que pueden ser evaluados como materias primas energéticas. Incluso el sargazo, hoy un importante pasivo ambiental para nuestras costas y el turismo, merece investigación sobre sus posibilidades de aprovechamiento energético.

Otros países llevan años recorriendo ese camino. Brasil avanzó hasta mezclas E30 en gasolina y B15 en diésel; Colombia utiliza mezclas de etanol y biodiésel, e Indonesia ha llevado mucho más lejos el uso de biodiésel de palma. No son modelos para copiar mecánicamente, pero demuestran que la política de combustibles también puede convertirse en política industrial, agrícola y de seguridad energética.

Nuestro punto de partida debe ser prudente. Podríamos evaluar técnicamente una transición gradual hacia mezclas como E10 en las gasolinas y B5 en el diésel, condicionada a estudios de compatibilidad vehicular, disponibilidad sostenible de materias primas, costos, impacto ambiental y capacidad productiva nacional.

El bioetanol podría abrir una nueva demanda para la agroindustria cañera. El biodiésel permitiría evaluar el aprovechamiento de palma africana, aceites residuales y otras materias primas nacionales. Alrededor de estas alternativas podrían desarrollarse inversión, empleos rurales, investigación, innovación y nuevas cadenas industriales.

Y cada galón que podamos producir competitivamente en territorio dominicano representa una fracción menos de vulnerabilidad frente a guerras, crisis geopolíticas, interrupciones logísticas y aumentos internacionales del petróleo.

El objetivo no puede ser subsidiar eternamente nuestra dependencia. Debe ser reducirla.

Por eso, la discusión de estas semanas ofrece una oportunidad. El Gobierno debe transparentar completamente el cálculo del PPI y las condiciones de adquisición de los combustibles, y permitir una auditoría técnica independiente. Debemos determinar cuánto existe de subsidio efectivo, cuánto de sacrificio fiscal y cuánto de carga tributaria. Y cualquier mecanismo de protección debe focalizarse progresivamente hacia los hogares, el transporte y los sectores productivos que realmente lo necesitan.

Simultáneamente, debemos comenzar a ejecutar una política nacional de biocombustibles, gradual y técnicamente sustentada, que convoque a universidades, productores, industria, transportistas, inversionistas y organismos reguladores.

No necesitamos otra ley para comenzar. Necesitamos hacer funcionar las que ya tenemos. La Ley 57-07 creó desde 2007 buena parte del marco jurídico. La END estableció desde 2012 el mandato de transparentar los precios, diversificar el suministro y promover los biocombustibles para disminuir nuestra dependencia externa. Catorce años después de la END y casi veinte después de la Ley 57-07 seguimos discutiendo el precio de cada viernes.

Quizás ha llegado el momento de dejar de administrar solamente la crisis de la próxima semana y comenzar a construir la seguridad energética de la próxima generación.