El Gobierno de Javier Milei ha prohibido de manera indefinida el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada a los cerca de 50 periodistas acreditados, una medida sin precedentes en la historia democrática reciente de Argentina. La decisión, ejecutada este jueves, incluye la baja de las huellas dactilares de los comunicadores en el sistema de seguridad. Según el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari, la acción es una "medida preventiva" tras una denuncia penal de la Casa Militar por presunto espionaje ilegal contra dos periodistas de la cadena Todo Noticias (TN), quienes habrían grabado imágenes no autorizadas en el interior de la sede gubernamental.

El presidente Milei, a través de sus canales oficiales, justificó la medida con un lenguaje agresivo, calificando a la gran mayoría de la prensa como "basuras inmundas" y asegurando que "violar las leyes de seguridad no es gratis". Esta clausura se suma a la incertidumbre sobre la renovación de las acreditaciones de prensa vencidas en marzo y a la reciente creación de la "Oficina de Respuesta Oficial", una dependencia inspirada en las tácticas de comunicación de Donald Trump para confrontar lo que el mandatario denomina operaciones de desinformación.

Periodistas con décadas de trayectoria en la sede de gobierno han denunciado que la prohibición es excesiva y generalizada, afectando a profesionales que no están vinculados con la denuncia de espionaje. Organizaciones de libertad de expresión advierten que este bloqueo, sumado a las restricciones previas bajo acusaciones de vínculos con redes de desinformación extranjeras, constituye un intento sistemático por limitar la labor informativa y centralizar el relato oficial únicamente en medios afines a la gestión de ultraderecha.