La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió al Poder Ejecutivo someter a una revisión técnica profunda el anteproyecto de reforma de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, al advertir que varios de sus cambios podrían generar riesgos jurídicos, económicos y regulatorios significativos. La posición quedó plasmada en una comunicación firmada por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, y dirigida al presidente Luis Abinader, al ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge A. Subero Isa.

Finjus aclaró que no cuestiona la necesidad de actualizar el marco societario dominicano, vigente desde hace casi dos décadas, ni los propósitos de fortalecer la competitividad y digitalizar los procedimientos. "La cuestión no es si el ordenamiento societario dominicano debe ser actualizado", planteó Castaños Guzmán en el documento, para luego precisar que el reparo de la entidad apunta al método y al ritmo con que se impulsa una reforma de esta envergadura.

Entre sus principales objeciones, Finjus señaló el nuevo Formulario Declaratorio de Constitución, que pasaría a convertirse en el acto constitutivo principal de las sociedades, relegando los estatutos sociales a un plano secundario u opcional, lo que según la entidad genera dudas sobre cuál documento debería prevalecer en caso de contradicciones. También objetó la eliminación de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) y la supresión del régimen del comisario de cuentas, sin que el anteproyecto establezca con claridad qué mecanismo asumiría el control contable independiente.

La fundación expresó además preocupación por el régimen de transición aplicable a las sociedades ya constituidas: el anteproyecto elimina el plazo vigente de 180 días para que las empresas se adecuen a la nueva normativa, sin fijar uno nuevo en su lugar, lo que advirtió podría generar incertidumbre jurídica y costos importantes para el sector empresarial. Sobre una base aproximada de 300,000 sociedades comerciales registradas en el país, y calculando un costo de entre RD$30,000 y RD$80,000 por empresa para completar los procesos de adecuación, Finjus estimó que el impacto económico agregado podría situarse entre RD$9,000 millones y RD$24,000 millones durante el primer año de vigencia de la reforma, aunque precisó que esa cifra preliminar deberá ser respaldada y afinada con mayor rigor técnico.

La entidad identificó también problemas de técnica legislativa en el anteproyecto, entre ellos referencias cruzadas incorrectas e inconsistencias en el uso de los conceptos de nulidad y anulabilidad, así como posibles contradicciones con la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos. Ante ese panorama, Castaños Guzmán propuso la creación de una mesa técnica multidisciplinaria, con participación de juristas, académicos, representantes del sector empresarial y colegios profesionales, además de abrir un proceso de consulta pública amplio antes de que la iniciativa continúe su trámite.

La reforma a la Ley 479-08 corre de forma paralela a otra iniciativa legislativa: un proyecto sometido en marzo de este año por el diputado Mateo Espaillat ante la Cámara de Diputados, que se limita a incorporar un nuevo tipo societario, las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), construido sobre el régimen ya existente de las SAS. Ambas piezas legislativas, aunque relacionadas, responden a alcances distintos dentro del debate sobre la modernización del régimen societario dominicano.