Senadores de diversas bancadas, principalmente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), manifestaron su rechazo a la eliminación o reducción del Fondo de Gestión Social, conocido popularmente como "el barrilito". Esta postura surge en un contexto de crisis económica internacional derivada del conflicto en Medio Oriente, que ha presionado al alza los precios de los combustibles y ha motivado llamados a la austeridad en el gasto público.

El debate se intensificó tras la propuesta del senador Omar Fernández de modificar la distribución de estos recursos para aliviar el impacto de la crisis nacional. En respuesta, legisladores como Ramón Rogelio Genao, Moisés Ayala, María Mercedes Ortíz y Secundino Velásquez defendieron el uso de estos fondos, argumentando que funcionan como una compensación ante las deficiencias estructurales del Estado en la provisión de servicios básicos. Según los legisladores, el dinero se destina a cubrir urgencias médicas, becas y servicios de emergencia (como ambulancias) que las instituciones gubernamentales no logran satisfacer en las provincias.

Actualmente, el monto del barrilito se asigna proporcionalmente al número de habitantes de cada demarcación. Mientras algunos senadores, como Mercedes Ortíz, reportan el manejo de aproximadamente 619,000 pesos mensuales, otros aseguran que la demanda de ayuda en zonas empobrecidas como Pedernales o Barahona supera con creces los fondos disponibles. A la fecha, el senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, se mantiene como el único integrante de la Cámara Alta que ha renunciado formalmente a percibir estos recursos.