SANTO DOMINGO. – En un movimiento que busca elevar los estándares de transparencia en la política nacional, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) depositó este miércoles una propuesta de reforma a la Ley núm. 33-18. El objetivo es claro: establecer un muro de contención contra el lavado de activos y la influencia del narcotráfico en las estructuras partidarias.

1. El fin del anonimato en los aportes

La pieza legislativa, presentada por José Ignacio Paliza, introduce la figura de la debida diligencia obligatoria. Esto implica que los partidos ya no podrán limitarse a recibir fondos, sino que deberán certificar el origen lícito de cada peso. La propuesta apuesta por la trazabilidad total, permitiendo identificar fehacientemente a cada aportante y bloqueando el uso de efectivo de origen dudoso.

2. "Compliance" Partidario: La nueva regla del juego

El proyecto propone que las organizaciones políticas adopten programas de cumplimiento similares a los del sector bancario. Estos incluirían:

• Auditorías internas preventivas: Para detectar señales de alerta en el flujo de caja.

• Verificación de candidatos: Protocolos para filtrar perfiles vinculados a actividades delictivas antes de que obtengan una candidatura.

• Sanciones severas: Reforzamiento de las facultades de supervisión de la Junta Central Electoral (JCE) y castigos por el incumplimiento de la transparencia.

3. Una autocrítica estratégica

Durante la presentación, Paliza reconoció de forma inusual la existencia de casos donde personas vinculadas a la actividad política han sido procesadas por vínculos criminales, calificándolo como una "realidad incómoda" que no puede ser ignorada.

“La mejor respuesta frente a cualquier señalamiento no es la retórica, sino la determinación; no es la negación, sino el fortalecimiento institucional”, enfatizó el dirigente oficialista.