El Ministerio Público depositó la noche de este sábado, a las 11:55, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, una solicitud de medida de coerción contra 25 personas vinculadas a una nueva fase de la investigación por el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa). El expediente, de 525 páginas, pide prisión preventiva para los imputados y que el proceso sea declarado de tramitación compleja.

La solicitud fue presentada por un equipo de fiscales encabezado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, e integrado por Yudelka Holguín, Héctor García, Rosa Alba García, Emmanuel Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto. Según explicó Ortiz, entre los sometidos figuran personas vinculadas al sector salud, empleados de Senasa y otras personas señaladas de asociarse con ellos para ejecutar las presuntas maniobras fraudulentas contra la aseguradora estatal. La fiscal insistió en que se trata de recursos públicos: "el dinero del Seguro Nacional de Salud son fondos públicos, es dinero del pueblo", declaró.

Se trata de la tercera operación derivada de las distintas líneas de investigación abiertas dentro del llamado proceso Cobra, por el presunto desfalco de fondos del Senasa que las autoridades estiman en unos RD$15,000 millones mediante diversas modalidades de fraude. El Ministerio Público había informado inicialmente el arresto de 28 personas tras una serie de allanamientos ejecutados desde la madrugada del viernes en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega; la solicitud de coerción depositada el sábado en la noche recae finalmente sobre 25 de ellas. La operación, en total, contempló 37 allanamientos, con la participación de 45 fiscales y unos 200 agentes de la Policía Nacional, y entre los arrestados figuran médicos, prestadores de servicios de salud y personas relacionadas con el sector farmacéutico.

De acuerdo con Ortiz, a la mayoría de los nuevos imputados se les atribuye haber facturado y cobrado al Senasa por pacientes y procedimientos médicos que presuntamente no fueron realizados, lo que no solo habría generado una salida irregular de recursos de la aseguradora, sino que también afectaba a los afiliados cuyos datos eran utilizados sin su conocimiento, reduciendo la cobertura disponible para ellos pese a no haber recibido el servicio facturado. Las investigaciones han identificado incluso casos de afiliados hombres a cuyo nombre aparecían registradas consultas ginecológicas que después negaron haber recibido. Entre las irregularidades que se investigan en el conjunto del caso figuran también la doble facturación, el uso de sellos médicos falsos, la adulteración de estados financieros, programas especiales sin sustento jurídico, la venta de medicamentos donados y reembolsos fraudulentos.

El depósito del expediente se produjo tras dos jornadas de interrogatorios a los detenidos, que permanecían desde el viernes en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Solo el sábado, entre 13 y 15 de los investigados fueron interrogados durante más de ocho horas en la Procuraduría General de la República, mientras sus abogados defensores señalaban que desconocían formalmente los hechos atribuidos a cada uno hasta ese momento. Con el expediente ya depositado, corresponde ahora a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijar la fecha y hora de la audiencia en la que un tribunal decidirá sobre la medida de coerción solicitada.