El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) manifestó su respaldo absoluto a la reciente decisión adoptada por la Cámara de Diputados de iniciar un proceso de revisión exhaustiva del nuevo Código Penal antes de su promulgación y definitiva entrada en vigencia. La entidad gremial, por medio de su presidente Trajano Potentini, calificó la apertura al diálogo mostrada por los legisladores como un acto de madurez y responsabilidad institucional, indispensable para dotar a la nación de un marco normativo robusto y eficiente.

De acuerdo con los planteamientos del titular del CARD, la disposición de la Cámara Baja para recepcionar y ponderar las observaciones de los diferentes sectores productivos y sociales constituye una oportunidad invaluable para perfeccionar esta pieza legislativa. Potentini hizo hincapié en que la prioridad del Congreso Nacional no debe radicar en la celeridad de la aprobación, sino en asegurar que el documento final responda de forma efectiva a los mandatos constitucionales y a las apremiantes necesidades operativas del sistema de justicia dominicano.

El jurista enfatizó que la asociación que agrupa a los profesionales del derecho favorece cualquier iniciativa orientada a subsanar vacíos normativos, suprimir inconsistencias y corregir aquellos artículos que puedan generar conflictos de interpretación en los tribunales del país. Para el CARD, la verdadera calidad de una ley de esta envergadura se mide por su coherencia interna y su solidez dogmática. Por ello, la institución valoró como un paso positivo la propuesta de prorrogar el período de vacatio legis el lapso de tiempo que transcurre entre la publicación de la ley y su entrada en vigoren caso de que las correcciones técnicas lo ameriten.

La modernización del Código Penal representa uno de los mayores desafíos institucionales de la República Dominicana, ya que busca sustituir una normativa centenaria para poder tipificar y sancionar adecuadamente delitos modernos, como el cibercrimen y la corrupción administrativa compleja. Una extensión del plazo de revisión, argumenta el gremio, habilitaría el escenario propicio para articular consultas profundas con académicos, expertos penalistas, universidades, organizaciones civiles y los propios jueces y fiscales. Este blindaje multisectorial busca evitar futuros recursos de inconstitucionalidad que terminen entorpeciendo la administración de justicia a nivel nacional.

"Lo importante no es que el Código entre en vigencia en una fecha determinada, sino que entre en vigor con la mayor seguridad jurídica posible, garantizando estabilidad normativa y respeto absoluto a los principios constitucionales", aseveró textualmente Potentini. Para acompañar esta visión con acciones concretas, el presidente del gremio anunció que en los próximos días depositarán formalmente ante el Poder Legislativo un pliego de modificaciones redactado por los especialistas de la institución.

Finalmente, el dirigente reiteró la entera disposición del Colegio de Abogados de mantener una colaboración activa con los poderes públicos. Asimismo, lanzó una exhortación a la clase política para que las enmiendas a este pilar del derecho dominicano se construyan estrictamente sobre la base del consenso, el rigor técnico y la protección irrestricta de las garantías y derechos fundamentales.