El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que presentó cargos contra 63 personas por delitos relacionados con el voto ilegal y el registro fraudulento de votantes, entre ellas decenas de origen latinoamericano. El anuncio se produjo a un día de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, según despachó la agencia EFE desde Washington.

El fiscal general, Todd Blanche, aseguró en un comunicado que la cifra representa el “mayor incremento en las detenciones por fraude electoral” desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Las acusaciones incluyen declarar falsamente ser ciudadano estadounidense para registrarse o votar, votar sin tener ese derecho y presentar de forma fraudulenta una solicitud de registro en otro estado.

Entre los casos citados figura el de Patricia Elena Valencia Cardona, colombiana de 56 años y residente permanente legal, acusada de afirmar falsamente que era ciudadana para votar. Según el Departamento de Justicia, se registró en Carolina del Norte en 2024 y participó en las elecciones generales de ese año. En el mismo estado, la argentina Yamila Avalos, también residente permanente, enfrenta una denuncia formal por votar siendo extranjera. El cubano Juan Florencio Ramos, igualmente residente permanente, está imputado por declararse ciudadano para votar.

En Texas fueron acusados los mexicanos Diego Benavides Rodríguez, de 29 años, José Vásquez-Mendoza, de 51, y Karen Hinojosa-Martínez, de 37, todos residentes permanentes. En Tennessee, la hondureña Mariela Elizabeth Ávila Ortiz, de 33 años, también residente legal, fue acusada de votar en las elecciones de 2024, incluidas las de presidente, Senado y Cámara de Representantes. La lista abarca además a ciudadanos de Canadá, Europa, Asia y África. Se trata de acusaciones que deberán ser probadas en los tribunales.

Según las cifras divulgadas, en las últimas nueve semanas Estados Unidos imputó a 195 extranjeros en 25 estados por delitos de votación y registro electoral ilegales. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra 239 personas por fraude electoral.

La ofensiva ocurre en medio de una fuerte disputa política. En California, el Ejecutivo intentó apartar más de 20.000 papeletas enviadas por correo que, según el Departamento de Justicia, habrían sido emitidas por personas no autorizadas, pero perdió ante al menos cuatro tribunales, incluido el Supremo. La AFP informó que la oposición demócrata considera que las detenciones buscan sembrar dudas sobre los comicios.

Los datos disponibles indican que el voto de no ciudadanos es muy poco frecuente. La conservadora Heritage Foundation identificó 23 casos entre 2003 y 2022, y el Brennan Center for Justice estimó que apenas el 0,0001 % de los 23,5 millones de votos emitidos en 42 jurisdicciones en 2016 fueron presuntamente de no ciudadanos.

Queda por verse si el ritmo de acusaciones se mantiene después de las elecciones y qué resultado tendrán los casos en los tribunales.