Una corte federal de apelaciones en Boston rechazó, en un fallo dividido de 2-1 emitido el sábado, la solicitud del Gobierno del presidente Donald Trump para aplicar en 23 estados y el Distrito de Columbia una orden ejecutiva que impone nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que se decidirá el control del Congreso.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito confirmó así la suspensión temporal que había dictado el 25 de junio la jueza federal Indira Talwani, quien determinó que varias disposiciones de la medida probablemente violan la Constitución. El Departamento de Justicia había pedido pausar esa decisión mientras avanza el proceso de apelación, argumentando que la demanda de la coalición de estados encabezada por California, Massachusetts, Nevada y Washington era prematura porque las agencias federales todavía no habían terminado de definir cómo aplicarían la orden.

El tribunal rechazó ese planteamiento y sostuvo que los estados ya debían prepararse para los comicios de septiembre y noviembre. Los jueces de la mayoría escribieron que permitir la entrada en vigor de la orden "sembraría confusión y amenazaría con dejar sin voto a numerosos electores elegibles". Añadieron que los estados demandantes "no tienen otra opción práctica que responder a la orden ahora".

La orden ejecutiva, firmada por Trump el 31 de marzo bajo el título "Garantizando la Verificación de Ciudadanía y la Integridad en las Elecciones Nacionales", instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a elaborar, a partir de registros federales de ciudadanía, listas de ciudadanos con derecho a voto en cada estado, y ordena al Servicio Postal (USPS) verificar esos datos antes de procesar y entregar una papeleta a una dirección determinada. La medida también dispone que el Departamento de Justicia dé prioridad a las investigaciones y procesos contra funcionarios electorales estatales y locales que envíen papeletas a personas consideradas no elegibles para votar.

Talwani concluyó que el presidente carece de autoridad para ordenar al DHS elaborar esos registros y que el Servicio Postal tampoco tiene facultad legal para imponer normas vinculantes sobre el voto por correo. La jueza sostuvo, además, que la orden no puede usarse para presionar a funcionarios electorales locales a apoyarse en registros federales de ciudadanía incompletos, bajo amenaza de procesos penales.

Trump firmó la directriz tras años de cuestionar el voto por correo y de insistir, sin evidencia, en que su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 se debió a un fraude generalizado. El mandatario ha convertido las restricciones al voto por correo en una de sus prioridades legislativas del verano, en paralelo a un proyecto de ley que buscaría eliminar esa modalidad salvo en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje.

El Departamento de Justicia advirtió que, de no obtener un fallo favorable en la apelación, podría recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos antes de que se celebren las elecciones de noviembre, en las que republicanos y demócratas disputarán el control de ambas cámaras del Congreso.