La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en Alianza con los principales gremios académicos y universitarios del país, convocó formalmente a una consulta nacional independiente para debatir las bases programáticas de una transformación del sistema de enseñanza pública, abriendo un escenario de debate paralelo al proceso oficial que coordina el Poder Ejecutivo. La iniciativa, anunciada este martes en Santo Domingo, busca evaluar de manera crítica el estado actual de las políticas públicas del sector y analizar detalladamente el alcance del Decreto Presidencial 309-26, mediante el cual el Gobierno dominicano impulsa su propia consulta ciudadana para redactar una nueva ley general de educación. Los colectivos sociales y profesionales argumentan que la discusión sobre el futuro pedagógico de la nación debe ser democrática, científica y estar desvinculada de intereses mercantiles o corporativos.

El bloque organizador está integrado, además de la ADP, por la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd), la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted) y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la alta casa de estudios estatal. El calendario de actividades aprobado por estas entidades establece que las jornadas de discusión comunitaria e institucional arrancarán de manera formal el próximo 7 de julio en Santiago de los Caballeros, extendiéndose posteriormente por todas las provincias del territorio nacional mediante seminarios regionales. Asimismo, la coalición gremial adelantó que durante el mes de agosto implementarán un levantamiento directo en las escuelas que involucrará de forma conjunta al magisterio, las familias, las juntas de vecinos y las agrupaciones estudiantiles.

Los representantes de las organizaciones justificaron la estructuración de este espacio alternativo al señalar las deficiencias acumuladas en las aulas del país, a pesar del incremento presupuestario sostenido que ha recibido el sector durante la última década. Durante la presentación del proyecto, los convocantes fueron enfáticos al declarar que "el sistema educativo no puede ser sometido al estrés de la improvisación ni convertirse en mercancía al servicio de intereses empresariales", manifestando su preocupación ante la posibilidad de que la reforma gubernamental responda principalmente a criterios de rentabilidad económica o laboral en lugar de priorizar la enseñanza como un derecho humano fundamental. Entre los puntos neurálgicos que el profesorado exige revisar con urgencia figura el actual sistema de promoción escolar, debido a que pasar a los estudiantes de un curso a otro con debilidades conceptuales genera un cuello de botella que perjudica la calidad al término de cada ciclo formativo.

Esta bifurcación en el diálogo social ocurre en un momento crucial para el desarrollo de la República Dominicana, justo cuando los indicadores de competitividad exigen elevar de manera real el nivel del capital humano para sustentar el crecimiento económico. La existencia de dos consultas simultáneas e independientes la oficial conducida por los ministerios del Estado y esta alternativa liderada por el principal sindicato de maestros evidencia la profunda falta de consenso entre las autoridades y los docentes que ejecutan la política pública en las aulas. Con el inicio de los foros de la ADP pautado para la primera semana de julio en la región Norte, el éxito de una reforma legislativa duradera e integral de la educación dominicana queda supeditado a la capacidad que demuestren ambos sectores para conciliar sus marcadas diferencias ideológicas y técnicas en los meses venideros.