El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional desestimó de forma integral las solicitudes de nulidad promovidas por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, y los demás coimputados del proceso judicial por presunta corrupción administrativa. Mediante un dictamen emitido este lunes, el órgano jurisdiccional declaró inadmisibles los incidentes procesales que buscaban invalidar el auto de apertura a juicio emitido en la etapa intermedia. Con esta determinación judicial, el tribunal validó la vigencia de la acusación penal formulada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y dispuso la reanudación formal del debate en el tribunal de fondo para el próximo 22 de julio de 2026, a las 9:00 de la mañana.

El fallo de las juezas Claribel Nivar, presidenta del tribunal, Clara Castillo y Yissell Soto abordó uno de los debates técnicos más recurrentes de las últimas audiencias del sistema judicial dominicano: la legalidad de denominar los expedientes penales con motes u operaciones especiales. Al respecto, las magistradas dictaminaron en su resolución que "no hubo afectación constitucional en la utilización del mote en este proceso penal" y subrayaron que de los elementos analizados "no hay razón para establecer que esa situación haya causado un agravio al derecho de defensa". No obstante, en sintonía con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la protección de los derechos fundamentales de los procesados, el tribunal ordenó formalmente a las partes "abstenerse de utilizar apodos para referirse al caso penal" en lo adelante.

La acusación de fondo impulsada por el Ministerio Público, cuyo equipo en la audiencia estuvo liderado por el titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, sostiene que Rodríguez Sánchez encabezó un entramado que malversó más de 6,000 millones de pesos dominicanos del erario público entre los años 2016 y 2020. Los tipos penales imputados al exfuncionario y a un grupo que incluye a antiguos directores informáticos, financieros y de compras de la Procuraduría, abarcan delitos de soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos. Las juezas argumentaron que los pedimentos de las defensas pretendían retrotraer el proceso revisando actuaciones ya decididas y juzgadas en las fases previas, lo que resulta improcedente en la etapa de fondo. Con el rechazo definitivo de estos incidentes diferidos, el Poder Judicial despeja el camino para que las partes inicien la presentación formal de las pruebas testimoniales y documentales el próximo 22 de julio, marcando una pauta definitiva sobre el tratamiento de los alias operativos en los grandes juicios de corrupción en el país.