La producción de arroz de República Dominicana quedó en el centro del debate comercial con Estados Unidos, luego de que la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) solicitara formalmente, el viernes pasado, la derogación del Decreto 693-24, que establece medidas arancelarias para proteger el cultivo local. Según explicó la USTR en su cuenta de X, la petición busca garantizar el acceso del arroz estadounidense al mercado dominicano en el marco del DR-Cafta, y fue planteada durante una reunión virtual con el canciller Víctor Bisonó, en la que participaron el representante comercial adjunto Jeffrey Goettman y la embajadora Julie Callahan.

Para el sector arrocero dominicano, la presión de Washington responde a un manejo deficiente de las importaciones registrado entre 2024 y 2025, más que a un incumplimiento estructural del país. El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marco Rodríguez, afirmó que el año pasado ingresaron al mercado local 220,000 toneladas métricas del cereal, muy por encima de las 23,300 toneladas que el propio decreto reserva para Estados Unidos con arancel cero. "El arroz que faltara se le iba a comprar a ellos", explicó Rodríguez, al recordar que Washington no objetó la norma cuando fue emitida, bajo el entendido de que sería su principal proveedor del faltante. Según el diario Hoy, el dirigente advirtió además que derogar el decreto podría hacer desaparecer a 30,000 productores y unos 300,000 empleos directos e indirectos, y admitió que el país no se preparó para competir en un escenario de apertura total.

Los datos de la Dirección General de Aduanas (DGA) respaldan parte del reclamo del sector: entre 2016 y 2023, República Dominicana no registró importaciones de arroz desde Uruguay, pero en 2024 y 2025 esas compras sumaron 16.4 millones de dólares, frente a 60.7 millones de dólares importados desde Estados Unidos en el mismo período.

El productor Iván Tío fue más directo al calificar lo ocurrido como "una especie de mafia importadora", que según su estimación trajo al país más de 4.5 millones de quintales desde Uruguay, Brasil, Guyana y Centroamérica entre 2024 y 2025. Tío sostuvo que esas compras representaron un negocio favorable para los importadores en perjuicio del campo dominicano, y consideró que ese desvío hacia proveedores suramericanos fue lo que detonó el reclamo del Departamento de Agricultura estadounidense.

El decreto, firmado por el presidente Luis Abinader en diciembre de 2024, aplica un arancel de 20 % ad valorem al arroz importado dentro del contingente que el país mantiene ante la Organización Mundial del Comercio, y de 99 % una vez superada esa cuota. Fenarroz propuso a las autoridades negociar con Washington la compra del volumen que la producción nacional no logre cubrir, en lugar de eliminar la protección arancelaria.

Mientras el Gobierno no fija una posición oficial el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes remitió las consultas a la Cancillería, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, pidió esperar propuestas concretas que prioricen la producción nacional. El director de la Unión Arrocera Dominicana, Heraldo Suero, se mostró confiado en que Abinader defenderá el sector, aunque advirtió que una liberación total de las importaciones afectaría a siete provincias arroceras. Por su parte, el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, alertó que más de 33,000 productores podrían enfrentar dificultades económicas por el inventario acumulado. La negociación bilateral se da, además, en momentos en que Estados Unidos mantiene un arancel de 12.5 % sobre las exportaciones dominicanas, otro punto que ambos gobiernos buscan destrabar en las próximas semanas.