El experto en asuntos municipales Waldys Taveras cuestionó la posible creación de las provincias Santa Lucía y Matías Ramón Mella, planteadas en dos proyectos de ley que reposan en el Congreso Nacional, al considerar que ambas iniciativas implicarían un aumento del gasto presupuestario del Estado sin traducirse en una mejora real de los servicios para la ciudadanía.

"Este país no aguanta más burocracia estatal grande, mala y cara", afirmó Taveras a reporteros de Diario Libre, al advertir que la creación de las dos demarcaciones supondría la incorporación de nuevas autoridades y posiciones políticas, entre ellas senadores, diputados y gobernadores. El municipalista sostuvo que el argumento de una mejor gestión de servicios no se sostiene, ya que el Estado presta directamente servicios esenciales como agua, electricidad, salud, educación y seguridad ciudadana a través de sus ministerios y no mediante la figura del gobernador provincial, cuyas atribuciones actuales calificó de obsoletas por derivar de una ley de la era de Trujillo.

La crítica de Taveras coincide con la que días antes hizo la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que calificó ambas propuestas de "locura", según reportó El Nacional.

Las dos iniciativas legislativas fueron depositadas por separado en el Congreso Nacional. La primera, presentada por el senador de San Juan Félix Bautista, plantea elevar el municipio Las Matas de Farfán a la categoría de provincia bajo el nombre de Santa Lucía, argumentando su extensión territorial, producción agrícola y potencial turístico. La nueva demarcación estaría integrada por Las Matas de Farfán como municipio cabecera, junto a El Cercado y Vallejuelo, con una superficie total de 1,122.80 kilómetros cuadrados, segregada de la actual provincia San Juan.

La segunda iniciativa, del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Abelardo Rutinel y respaldada por otros 51 legisladores de distintos partidos, propone crear la provincia Matías Ramón Mella mediante la división de la actual provincia Santo Domingo, con una superficie de 709 kilómetros cuadrados. El proyecto argumenta que el crecimiento demográfico y urbanístico de Santo Domingo ha dificultado la prestación eficiente de servicios públicos, y que residentes de municipios como Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand deben recorrer largas distancias hasta el municipio cabecera de la provincia.

Ambos proyectos deberán ser estudiados por el Congreso Nacional a partir del 16 de agosto, cuando inicia la nueva legislatura, y requerirían modificar la Ley 5220 sobre División Territorial de la República Dominicana, vigente desde 1959. La Constitución dominicana no fija requisitos mínimos de población, extensión territorial o cantidad de municipios para la creación de una nueva provincia, lo que deja en manos del debate legislativo y político la decisión final sobre ambas propuestas.