La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) fue formalmente intimada a suspender la Asamblea de Delegados prevista para este 21 de agosto y la Asamblea General proyectada para septiembre, mientras permanece pendiente una demanda judicial que exige rendición de cuentas, exhibición de documentos y la designación de un secuestrario judicial.

La intimación fue presentada a requerimiento del socio Hanly Darico Terrero Ramírez, representado legalmente por el abogado Víctor Eddy Mateo Vásquez, y busca que la cooperativa entregue información detallada sobre su gestión correspondiente al período 2023-2026. La demanda solicita específicamente la exhibición de libros sociales, registros contables, estados financieros, contratos, nóminas, expedientes de suplidores e informes de auditoría, con una audiencia fijada para el 13 de octubre de 2026.

El requirente sostiene que Coopnama no debería aprobar, ratificar ni descargar una gestión administrativa que actualmente se encuentra bajo escrutinio judicial, y plantea que el proceso de transparencia y rendición de cuentas debe completarse antes de someter esa gestión a la aprobación de los socios. La intimación exige, además, preservar los libros, archivos físicos y digitales, contratos, nóminas, estados financieros y comprobantes de pago relacionados con el período cuestionado, con el propósito declarado de evitar que la documentación vinculada al litigio sea alterada, destruida o desaparezca.

El documento advierte que, si la cooperativa celebra las asambleas o adopta decisiones que puedan afectar el objeto del proceso judicial, el requirente podría promover acciones cautelares, conservatorias y constitucionales, incluyendo solicitudes para suspender los efectos de esas decisiones y, cuando corresponda legalmente, procurar su nulidad o inoponibilidad.

Este nuevo requerimiento se produce en el marco de una disputa que se extiende desde meses atrás entre el mismo socio y la cooperativa. En mayo pasado, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional había acogido una acción constitucional de hábeas data interpuesta por Terrero Ramírez, mediante la sentencia núm. 036-2026-SSEN-00452, que ordenó a Coopnama entregar diversa información institucional vinculada a su funcionamiento administrativo y operativo. La cooperativa recurrió esa decisión ante el Tribunal Constitucional, instancia en la que el caso permanece pendiente.

La controversia por transparencia en Coopnama ha estado acompañada, en los últimos meses, de cuestionamientos adicionales derivados de auditorías externas contratadas tras el fallo de mayo. Una revisión correspondiente al año 2023 señaló que no fue posible verificar la totalidad de los fondos destinados al pago de personal administrativo, uno de los principales renglones de gasto de la institución, cuya nómina ronda los 121 millones de pesos mensuales. Esas cifras han generado observaciones públicas sobre la escala salarial de la cooperativa, incluyendo señalamientos de la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, María Teresa Cabrera, quien planteó la necesidad de revisar esas remuneraciones frente a los salarios de los propios docentes que sostienen la entidad con sus aportes.