El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional inicia este miércoles el juicio de fondo contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros acusados en el denominado caso Calamar, uno de los principales procesos por presunta corrupción administrativa que se ventilan actualmente en los tribunales dominicanos.

El tribunal está presidido por la magistrada Arlyn Ventura e integrado por las juezas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez. La audiencia marca el comienzo de una etapa en la que el Ministerio Público deberá presentar y sustentar sus acusaciones, mientras las defensas tendrán la oportunidad de controvertirlas.

Según la acusación del Ministerio Público, los imputados habrían participado en una estructura que realizó operaciones irregulares relacionadas con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y otros mecanismos mediante los cuales se habrían desviado recursos estatales.

El órgano persecutor sitúa el perjuicio económico en más de RD$19,000 millones. Entre los delitos atribuidos figuran asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, soborno y lavado de activos, de acuerdo con los elementos expuestos durante la etapa preliminar.

Además de Guerrero, enfrentan el juicio el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; los abogados Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes, así como otros exfuncionarios y particulares.

También fueron enviados a juicio otros acusados vinculados al expediente, mientras que varias personas quedaron fuera del proceso luego de que la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitiera decisiones de no ha lugar.

Entre quienes no fueron enviados a juicio figuran los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, además de Daniel Guerrero Mena, hijo de Donald Guerrero, y otras personas. La decisión respecto de Castillo y Peralta no había sido apelada por el Ministerio Público al momento de la fijación del juicio.

Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público presentó 1,770 elementos de prueba para respaldar su acusación contra los involucrados que fueron enviados a juicio. El expediente también señala que las operaciones investigadas habrían afectado a más de 500 víctimas.

Con el inicio del juicio de fondo, corresponderá al tribunal valorar las pruebas presentadas por las partes y determinar, al concluir el proceso, si existe responsabilidad penal de los acusados. Hasta que exista una sentencia definitiva, los imputados mantienen su presunción de inocencia.

El caso Calamar se originó en una investigación que comenzó varios años atrás y que involucró a antiguos funcionarios de la administración del expresidente Danilo Medina. La apertura del juicio representa ahora el paso de la discusión sobre la suficiencia de la acusación a una fase en la que serán examinadas las pruebas y los argumentos de las partes.

La audiencia también constituye un momento relevante para establecer judicialmente qué hechos pueden ser demostrados y cuáles de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público cuentan finalmente con respaldo probatorio suficiente.