La sorpresiva destitución del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, después de apenas seis meses al frente de la Policía Nacional, no debe analizarse solo como otro cambio de mando. Su salida, dispuesta sin que el decreto explicara las razones, y las palabras que pronunció al despedirse abrieron interrogantes que el Gobierno está obligado a responder.

Cruz Cruz exhortó a los agentes a no permitir que nadie les hiciera creer que actuar correctamente es una debilidad. “No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto. La integridad requiere carácter”, afirmó. También recordó que la seguridad ciudadana no es un favor de la Policía, sino una obligación del Estado.

Pronunciadas por un director apartado abruptamente del cargo, esas palabras permiten preguntarse si existieron tensiones internas o resistencias dentro de una institución históricamente difícil de transformar. El Gobierno, sin embargo, no ha ofrecido una explicación suficiente. Si fue destituido por deficiencias, debe decirse cuáles. Si su salida estuvo relacionada con intentos de modificar prácticas arraigadas, el país también merece saberlo. Una reforma que se proclama transparente no puede manejar sus principales cambios entre silencios.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, agregó confusión. Consideró acertado el mensaje del exdirector, pero dijo que no le correspondía pronunciarlo en esas circunstancias: “Bien muerto, pero mal matado”. Luego afirmó que Cruz Cruz había fracasado y citó como ejemplo las 145 personas fallecidas durante actuaciones policiales en los primeros siete meses de 2026.

Si un dirigente del partido de Gobierno vincula ese “fracaso” con 145 muertes, el país necesita saber cuántos casos fueron investigados de manera independiente y qué consecuencias se produjeron. Si esa cifra demuestra el fracaso del director, ¿qué dice entonces de la política de seguridad que el Gobierno dirige y el propio presidente supervisa cada lunes?

Una muerte durante un operativo no demuestra automáticamente una ejecución extrajudicial. Los policías enfrentan delincuentes armados y tienen derecho a defenderse dentro de la ley. Pero tampoco puede aceptarse que cada muerte se explique mecánicamente como un “intercambio de disparos”, sin investigación técnica, independiente y transparente.

Ese era el sentido de la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Ley 1-12 no concibió la seguridad como una simple multiplicación de patrullas o armas. Ordenó profesionalizar la Policía y el Ministerio Público, fortalecer la investigación criminal, mejorar los controles internos y garantizar actuaciones compatibles con los derechos fundamentales. Dispuso, además, que la reforma de los marcos institucionales de seguridad se implementara en un plazo no mayor de cinco años. Ese plazo venció hace casi una década. En 2026 todavía se habla de una reforma que podría necesitar otra década.

Se han anunciado aumentos salariales, formación, tecnología y cambios administrativos. Ahora se nombra a un nuevo director. Pero cambiar al jefe no equivale a reformar la Policía.

Una reforma verdadera debe impedir que la integridad de un agente dependa de quién ocupa la Dirección General. Debe garantizar carrera por méritos, formación continua, controles independientes, consecuencias para quien viole la ley y reconocimiento para quien honre el uniforme. Si cada nuevo director modifica prioridades mientras permanecen las mismas prácticas estructurales, no estamos institucionalizando una reforma: estamos administrando relevos.

El presidente Luis Abinader encabeza desde 2023 las reuniones de los lunes en el Palacio de la Policía. Esa coordinación ha coincidido con una reducción importante de la tasa de homicidios —el país cerró 2025 con una tasa oficial de 8.15 por cada cien mil habitantes, inferior a la meta intermedia de la END— y debe reconocerse.

Pero la seguridad no se mide solo con homicidios. También importan los atracos, la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, la confianza ciudadana y la capacidad de investigar y resolver casos. Las reuniones son un mecanismo de seguimiento; no son, por sí mismas, el resultado.

Además, la seguridad no termina cuando la Policía detiene a alguien. En febrero de 2026, de 25,878 privados de libertad, el 65.5 % estaba en prisión preventiva. Casi dos de cada tres no tenían condena definitiva. Mientras miles permanecen encarcelados sin sentencia, procesos complejos vinculados a personas poderosas se prolongan hasta el límite de los plazos legales.

Para unos, prisión antes de una sentencia; para otros, tiempo suficiente para que la justicia nunca decida el fondo.

No puede existir un verdadero Estado de derecho cuando la justicia es lenta para todos, severa con quienes carecen de recursos e ineficaz frente a quienes tienen poder.

El debate abierto por la destitución de Cruz Cruz debe trascender los nombres. El Gobierno debe explicar las razones del cambio, garantizar investigaciones independientes sobre las muertes en actuaciones policiales y presentar resultados verificables: depuración institucional, capacidad de investigación, confianza ciudadana y disminución de la prisión preventiva.

Los cambios de mando pueden transmitir la impresión de que algo nuevo comienza. Las reuniones semanales pueden mejorar la coordinación. Pero ninguna de esas acciones sustituye los resultados.

La verdadera reforma será aquella en la que actuar correctamente no le cueste el puesto a ningún policía; en la que una detención no se convierta en condena anticipada; y en la que la seguridad del ciudadano dependa de instituciones profesionales, no del nombre del funcionario de turno.

La República Dominicana no necesita comenzar otra reforma policial. Necesita completar, institucionalizar y medir la que la Estrategia Nacional de Desarrollo ordenó hace catorce años.