El hastío y los reclamos sociales se manifiestan ahora al sonido de las cacerolas, un método pacífico, pero profundamente impactante.

Ciudadanos de distintos estratos sociales han encontrado una vía para hacerse sentir frente a las medidas adoptadas por el Gobierno y el Congreso Nacional, que consideran perjudiciales para la economía familiar y restrictivas de sus libertades.

Seguramente, los cacerolazos y las concentraciones en la Plaza de la Bandera expresan también un cansancio acumulado frente a los partidos políticos, que, en su afán por conquistar simpatías, prometen cambios y, una vez alcanzan el poder, terminan actuando a espaldas de los compromisos asumidos durante las campañas electorales.

Los partidos políticos dominicanos muestran preocupación porque perciben que detrás de estas protestas participan sectores que atentan contra el sistema de partidos. La inconformidad va más allá de los colores morado, blanco, verde o rojo; es la expresión combinada de los ciudadanos sin partido y de quienes, aun perteneciendo a uno, se sienten frustrados y decepcionados.

¿Cómo permanecer indiferentes ante disposiciones del nuevo Código Penal que, según juristas, periodistas y organizaciones sociales, podrían restringir y penalizar desproporcionadamente el ejercicio de la libertad de expresión y conceder una protección injustificada a los funcionarios públicos?

Es inaceptable pretender que la población permanezca quieta frente al aumento del costo de la vida, las nuevas medidas impositivas, los elevados precios de los combustibles, los apagones y los abusos atribuidos al poder policial y al Gobierno.

Realmente hacía falta que el pueblo despertara de su prolongada pasividad.

El Gobierno de Luis Abinader no tendría autoridad política para descalificar los cacerolazos actuales, cuando el antecedente de 2020 contribuyó a crear el clima de indignación que sirvió de impulso para que el actual partido oficialista ganara las elecciones.

En un intervalo de seis años, la población, sobre todo la capitalina, se ha levantado nuevamente para reclamar. En 2020, el detonante fue la suspensión de las elecciones municipales, acontecimiento que sirvió de combustible para volcar en las urnas la indignación acumulada contra el PLD.

En aquel momento participaron figuras reconocidas de los medios de comunicación, artistas, activistas sociales y simpatizantes de los partidos de oposición. Muchos de quienes hicieron sonar sus cacerolas y asistieron a la Plaza de la Bandera se encuentran hoy ausentes.

Al final, queda demostrado que la imparcialidad absoluta no existe. Algunos de los participantes de aquellas protestas son hoy funcionarios, contratistas o personas vinculadas al Gobierno. La indignación que mostraban frente al poder anterior parece haberse convertido en silencio desde que sus simpatías políticas llegaron al Palacio Nacional.

Tampoco existe justificación para restarles méritos a las protestas de este mes con el argumento de que han sido promovidas por creadores de contenido digital. En todo caso, eso revela el vacío dejado por organizaciones sociales que deberían velar verdaderamente por los intereses colectivos.

Algunos programas y plataformas digitales son hoy lo que antes fueron los sindicatos, las asociaciones comunitarias y los movimientos populares: instrumentos para convocar, organizar y convertir la inconformidad individual en una expresión colectiva.

Los cacerolazos de 2020 y los de 2026 deben reconocerse como expresiones auténticas de reivindicación ciudadana, aunque todavía está por verse si las protestas actuales lograrán la organización, permanencia y alcance necesarios para convertirse en un movimiento social de dimensión nacional.

La historia reciente también enseña que no todo movimiento que parece completamente espontáneo está libre de intereses políticos o económicos. Marcha Verde despertó grandes esperanzas en la sociedad dominicana, pero posteriormente dejó frustraciones en la conciencia nacional.

Los señalamientos sobre la participación de intereses vinculados al sector eléctrico y la posterior incorporación de algunos de sus principales voceros al Gobierno de Abinader alimentaron la percepción de que una parte de aquella movilización no era tan independiente como se presentaba. Eso no invalida las razones legítimas de los miles de ciudadanos que marcharon honestamente contra la corrupción y la impunidad.

En España, el movimiento de los indignados convirtió las plazas públicas en escenarios de protesta frente a una clase política que había dejado de escuchar a la sociedad. En República Dominicana, la indignación ha encontrado su propio lenguaje: el golpe metálico de cucharones y calderos.

No estamos todavía frente a un 15‑M dominicano, pero existe un sentimiento semejante: la impresión de que las instituciones toman decisiones sin escuchar a quienes sufrirán sus consecuencias.

El sonido seco y vibrante de los calderos se ha convertido en la voz de los indignados dominicanos. Cada golpe repite un mismo mensaje:

Aquí estamos, todavía de pie, para impedir que continúen pisoteándonos con medidas que reducen nuestra calidad de vida, aumento del asedio impositivo, restringen nuestros derechos y maltratan nuestra dignidad.