El arancel adicional de 12.5 % que Estados Unidos impuso a las exportaciones dominicanas entró en vigor esta madrugada, a las 12:01 de la madrugada hora del este, luego de que la Oficina del Representante Comercial de ese país (USTR) determinara, mediante una investigación bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, que República Dominicana no ha establecido ni aplicado eficazmente controles contra la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso. La medida, anunciada por la administración del presidente Donald Trump, alcanza a 54 economías señaladas por ese motivo y forma parte de un paquete más amplio de nuevos gravámenes entre 10 % y 12.5 % según el país que sustituye el arancel global temporal del 10 % vencido este viernes, según informó Diario Libre.

El impacto potencial es considerable: en 2025 las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos sumaron 7,124 millones de dólares, equivalentes al 48.6 % de todas las ventas externas del país, de acuerdo con cifras del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). El nuevo código arancelario asignado a República Dominicana, el 9903.05.34, se suma a la tasa que ya pague cada producto, salvo las excepciones previstas en los anexos del aviso de la USTR. Entre ellas figuran las prendas de vestir y textiles que cumplan las reglas del DR-Cafta, además de una lista de bienes agrícolas relevantes para el país yuca, plátanos, piña, aguacate, café, cacao y azúcar cruda, entre otros así como aeronaves civiles, productos farmacéuticos y semiconductores. En la región, México, Guatemala, Honduras y El Salvador quedaron con un arancel adicional de 10 %, mientras Costa Rica y Panamá comparten con República Dominicana la tasa más alta, de 12.5 %.

Horas antes de que la medida entrara en vigor, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 502-26, que prohíbe la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso y otorga a la Dirección General de Aduanas la facultad de investigar, retener y bloquear esos productos, con el Ministerio de Trabajo como órgano técnico evaluador. La norma, que invoca los compromisos del DR-Cafta y el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo, obliga además a los importadores a reportar información sobre sus cadenas de suministro. El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, planteó que el país necesita una estrategia nacional que fortalezca su competitividad, señalando que los mercados ya no evalúan solo precio y calidad, sino también la solidez institucional y la trazabilidad de las cadenas de suministro.

Por su parte, la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) informó que revisa los anexos publicados por la USTR para precisar qué productos quedan sujetos al gravamen, y concentró su preocupación en los sectores sin exenciones bajo el DR-Cafta. El gremio advirtió que "los cambios recurrentes en las reglas del comercio internacional" generan incertidumbre para las empresas, aunque valoró como positivo que el sector textil mantenga su tratamiento preferencial. El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, confirmó que las conversaciones con Washington continúan con miras a reducir el porcentaje aplicado, e insistió en que la medida responde a una política comercial global de Estados Unidos y no a una acción dirigida específicamente contra el país. Las autoridades dominicanas y estadounidenses mantienen, según el funcionario, un seguimiento activo del tema mientras se define el alcance final de la disposición.