Estados Unidos y un grupo de países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitaron la convocatoria de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para abordar la situación política de Nicaragua, en un nuevo intento por coordinar una respuesta regional ante las recientes acciones del gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La petición fue presentada ante el Consejo Permanente de la OEA luego de que el presidente nicaragüense anunciara una serie de reformas constitucionales y políticas que, según sus críticos, eliminarían las elecciones competitivas y consolidarían aún más el poder del oficialismo. La iniciativa busca que los cancilleres del hemisferio analicen posibles medidas colectivas conforme a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana.

El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Andrew Stevenson, sostuvo que los cambios anunciados por el gobierno de Managua agravan la crisis democrática del país centroamericano y justifican una respuesta conjunta de los Estados miembros. Washington considera que la eliminación de los procesos electorales representa un deterioro adicional del sistema democrático y de las libertades fundamentales.

La solicitud cuenta con el respaldo de varios países del continente, entre ellos República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Chile y Perú, además de otros gobiernos que han expresado preocupación por el rumbo político de Nicaragua. En las últimas semanas también se han pronunciado la Unión Europea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quienes han instado al respeto de las instituciones democráticas y de los derechos fundamentales.

El gobierno de Daniel Ortega ha defendido las reformas argumentando que buscan impedir intentos de desestabilización y proteger la soberanía nacional frente a supuestas injerencias extranjeras. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición sostienen que las modificaciones consolidan un sistema de partido único y reducen aún más el espacio para la participación política y el pluralismo.

Ortega, quien gobierna Nicaragua de forma ininterrumpida desde 2007, ha sido objeto de reiteradas críticas internacionales por la persecución de opositores, el encarcelamiento de disidentes, el cierre de organizaciones civiles y las restricciones a la libertad de prensa. En 2025, una reforma constitucional fortaleció la figura de la copresidencia ejercida junto a Rosario Murillo y amplió el control del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado.

La eventual reunión de cancilleres de la OEA podría convertirse en uno de los principales escenarios diplomáticos para discutir la situación de Nicaragua y definir si existe consenso entre los Estados miembros para adoptar nuevas acciones políticas o diplomáticas frente a la evolución de la crisis institucional en ese