El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, calificó como "conveniente" realizar una revisión al nuevo Código Penal (Ley 74-25), a pesar de haber sido promulgado hace apenas ocho meses. El funcionario subrayó la importancia de lograr un consenso social y legal, admitiendo que la Consultoría Jurídica ya participa en una comisión técnica para evaluar las numerosas objeciones surgidas, principalmente en torno a la severidad de las penas y posibles roces con la Constitución.

La normativa, que actualiza una legislación de 141 años, se encuentra actualmente en su periodo de vacatio legis y enfrenta un asedio legal y legislativo. En el ámbito judicial, el Tribunal Constitucional (TC) se reservó el fallo sobre una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados (CARD) contra 11 artículos que presuntamente vulneran garantías fundamentales. Paralelamente, en el Congreso Nacional cursan proyectos de los legisladores Ramón Raposo y Antonio Taveras que buscan modificar aspectos críticos, desde el ultraje a funcionarios hasta la responsabilidad penal de los partidos políticos.

Pese a las controversias, el nuevo código es valorado por tipificar delitos modernos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying y los deepfakes, además de elevar las penas máximas a 40 y 60 años. No obstante, la postura de Subero Isa sugiere que el Ejecutivo está abierto a realizar ajustes antes de que la pieza entre en pleno vigor, buscando evitar un colapso por inconstitucionalidad en el sistema de justicia.