La deuda pública consolidada de la República Dominicana cerró mayo de 2026 en US$84,627.3 millones, un monto equivalente al 60.1% del Producto Interno Bruto (PIB) que enciende las alarmas sobre una "espiral de deuda" donde el Estado se ve obligado a tomar nuevos préstamos solo para cubrir los intereses de sus compromisos previos. Según un análisis técnico publicado este jueves por Miguel Collado Di Franco, vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), esta realidad demuestra que las estrategias basadas únicamente en aumentar los ingresos fiscales resultan insuficientes si la administración pública no aplica un freno severo al crecimiento de su gasto total.

Los registros financieros detallan que el pasivo se distribuye entre el Sector Público No Financiero (SPNF), con US67,995.5 millones el 80.316,631.7 millones, representando el 19.7% restante. Al contrastar los datos con la situación de hace una década, cuando la deuda consolidada se situaba en US40,415.9 millones (53.244,211.4 millones. Esto eleva la deuda per cápita a unos US$7,717.7 por persona, tomando como base la proyección de 11 millones de habitantes de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para este año. El monto individual implica un alza del 10.1% respecto al cierre de 2025 y un salto del 400.7% en comparación con el año 2007.

Frente a este panorama, Collado Di Franco advirtió que "un incremento de impuestos añade mayor peso sobre los hogares y las empresas, limita el crecimiento de la economía y crea el incentivo para expandir el gasto". Para el CREES, aunque el Gobierno logró registrar superávits primarios en los años 2023, 2024 y 2025 cubriendo los gastos operativos no financieros con los ingresos corrientes, la inclusión de los intereses de los pasivos borra por completo esos balances y arrastra el resultado final hacia déficits estructurales. El especialista enfatizó que evaluar la deuda mirando exclusivamente su relación con el PIB es un enfoque parcial, dado que el verdadero reto radica en su costo financiero directo, agravado por un entorno internacional de tasas de interés elevadas para los bonos soberanos.

La efectividad de las herramientas institucionales vigentes también afronta serios cuestionamientos. El CREES critica las debilidades de la Ley de Responsabilidad Fiscal, señalando que su regla actual solo limita el gasto primario y no el gasto total de la administración, permitiendo que las erogaciones crezcan un tres por ciento por encima de la inflación. Bajo esta fórmula, con una inflación promedio estimada en 5% por las autoridades, el gasto estatal tiene permitido expandirse hasta un 8% interanual. Esta mecánica convierte a la inflación en un acelerador del endeudamiento que erosiona la economía familiar, por lo que el centro de pensamiento urge a perfeccionar la legislación para introducir una regla enfocada directamente en el déficit fiscal.

El desarrollo de esta tendencia presiona la agenda económica del país, donde ciudadanos y empresarios continúan asumiendo los costos de la carga tributaria. Aunque en el debate nacional se reitera la necesidad de una reforma tributaria orientada a simplificar el sistema, los análisis independientes concluyen que la verdadera estabilización de las finanzas dominicanas dependerá de la voluntad política para recortar el déficit a través de la optimización del gasto, evitando que el costo de los pasivos acumulados comprometa la viabilidad económica de los futuros contribuyentes.