El Gobierno de Turquía dispuso el bloqueo dentro de su territorio del acceso a las cuentas en la red social X de unas 40 organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y de colectivos feministas. De acuerdo con el reporte de Engelliweb, una plataforma independiente encargada de monitorear las restricciones de conectividad en ese país, la censura digital se ejecutó a raíz de una orden legal fundamentada en alegadas razones de "seguridad nacional y orden público", restringiendo la visualización local de los perfiles informativos mientras estos permanecen totalmente accesibles desde el extranjero o mediante el uso de redes virtuales privadas (VPN).

Las organizaciones afectadas, entre las que sobresalen la asociación de defensa de las minorías sexuales Kaos GL (fundada en 1994) y la prestigiosa Plataforma de lucha contra los asesinatos machistas, reportaron haber recibido notificaciones vía correo electrónico por parte de la empresa X, indicando que sus cuentas habían sido retenidas en territorio turco por mandato imperativo de las autoridades judiciales. La restricción coincidió con las actividades culturales e informativas que los colectivos desarrollan tradicionalmente durante junio. En respuesta, una alianza conformada por 22 agrupaciones de derechos humanos, que incluye a la filial de Amnistía Internacional, condenó de forma enérgica la medida calificándola como una "práctica inaceptable que obstaculiza el ejercicio de derechos de la población LGBT+ en momentos en que se intensifican la información y llamados a participar de los eventos y marchas del Mes de Orgullo".

Aunque las relaciones entre personas del mismo sexo son legales en Turquía desde hace más de siglo y medio, la presión del Estado sobre el activismo civil se ha recrudecido en la última década. Las marchas del Orgullo han sido prohibidas de manera sistemática en las principales ciudades turcas desde el año 2015, y el actual marco político mantiene un discurso hostil recurrente hacia las disidencias. El propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, defendió de forma indirecta las restricciones al declarar públicamente que "las instituciones que unen a la sociedad y salvaguardan su futuro, particularmente la familia, están siendo atacadas por ciertos sectores". El mandatario añadió que estas agrupaciones pretenden inculcar en la juventud conductas desviadas que, según su criterio, van en contra de la naturaleza humana.

Este bloqueo selectivo de canales de comunicación digital en Turquía representa un retroceso en las garantías democráticas y un precedente alarmante para los organismos internacionales de supervisión de derechos humanos. La medida también afectó por breves momentos el perfil en X de la Asociación de Derechos Humanos (IHD), la institución de mayor antigüedad en su campo en la nación euroasiática, aunque su acceso fue restablecido pocas horas después. La comunidad internacional y las redes regionales de derechos humanos permanecen en alerta máxima ante la posibilidad de que el Gobierno de Ankara introduzca una iniciativa legislativa formal en el Parlamento dirigida a prohibir o criminalizar de manera abierta las operaciones de estas agrupaciones civiles.