El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó la Ley 30-26 de Medidas Pro-crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, una pieza legislativa que establece la aplicación gradual de las reformas tributarias, incluyendo el desmonte de gravámenes y la reestructuración de figuras críticas para los sectores productivos nacionales entre 2027 y 2029. La nueva normativa legal introduce modificaciones de gran alcance que reconfiguran el panorama corporativo e inmobiliario de la República Dominicana, disponiendo variaciones en las tasas impositivas y la eliminación total de ciertos arbitrios con el fin de dinamizar las operaciones financieras y otorgar un periodo de transición a los contribuyentes.

Dentro de las transformaciones de mayor peso operativo destaca la reforma al anticipo del Impuesto sobre la Renta, una de las demandas más persistentes del sector empresarial dominicano. La Ley 30-26 ordena la eliminación definitiva de esta obligación financiera para las microempresas, mientras que para aquellas catalogadas como pequeñas empresas dictamina una segmentación en tres pagos específicos, medidas que entrarán en vigencia formal a partir del periodo fiscal del año 2027. Asimismo, el texto normativo impacta de manera directa el costo de estructuración comercial al derogar el impuesto del 1 % que pesaba sobre la constitución de compañías, una disposición cuya efectividad también quedó pautada para el inicio del año 2027.

En lo que respecta al sector inmobiliario y de protección social, el marco legal contempla reducciones progresivas que buscan aliviar las cargas tributarias a mediano plazo. La tasa del impuesto unificado ad-valorem aplicado a las transacciones de inmuebles, que actualmente se sitúa en un 2 %, se reducirá a la mitad para el próximo año 2027 y quedará totalmente suprimida a partir de 2028. Una ruta similar de desmonte progresivo se fijó para el impuesto selectivo a los servicios de seguros de vida; la legislación estipula que este gravamen bajará a una tasa del 11 % en el ejercicio fiscal de 2027, descenderá al 6 % en el año 2028 y alcanzará la exención absoluta para el ejercicio fiscal del año 2029.

Como mecanismo de regularización inmediata antes de que se ejecuten los desmontes graduales, el Poder Ejecutivo dispuso la apertura de una nueva amnistía fiscal orientada a los ciudadanos y empresas que arrastren compromisos pendientes con la administración tributaria dominicana. Los contribuyentes interesados en sanear su estatus financiero tendrán como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para acogerse a los beneficios de esta disposición. De acuerdo con el dictamen de la ley, quienes formalicen su ingreso a este programa especial contarán con la facilidad institucional de liquidar sus deudas de manera fraccionada, bajo los términos de la Dirección General de Impuestos Internos, en plazos que no podrán exceder los 12 meses de duración.