La madrugada de este martes, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una condena de 20 años de prisión contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza, señalados como los cabecillas de la red de corrupción desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G. Tras la lectura del fallo judicial, que inició la tarde del lunes y se extendió por casi doce horas ininterrumpidas, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la decisión como "histórica" y la describió como una "condena ejemplar" que valida el trabajo investigativo y la contundencia de las pruebas presentadas contra la sustracción de bienes del Estado.

Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dictaminaron que los exfuncionarios son culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, estafa, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado. Según el expediente instrumentado por la Procuraduría, durante el mandato de Cáceres en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y de Torres Robiou en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), se estructuró un sistema de fraude basado en el desvío de nóminas. El mecanismo consistía en asignar salarios de entre 20,000 y 75,000 pesos a militares y policías de bajo rango, obligándoles a devolver la mayor parte del dinero. De acuerdo con el tribunal, estas retenciones irregulares generaban recaudaciones mensuales de hasta 1.7 millones de pesos, capital que posteriormente era blanqueado a través de empresas fachada, préstamos y compras de propiedades.

Además de las penas máximas impuestas a la cúpula militar, la justicia condenó a 15 años de reclusión al general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola y a la pastora Rossy Guzmán, ambos determinantes en el ocultamiento de los activos ilícitos de la estructura. El dictamen establece que los cinco principales condenados deberán pagar multas de 400 salarios mínimos y dispone una indemnización de 5,000 millones de pesos a favor del Estado dominicano por el daño patrimonial sufrido. Por otro lado, al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo estelar del Ministerio Público que expuso las operaciones internas de la red, se le dictó una sentencia de cinco años, la cual fue declarada como pena cumplida en virtud del tiempo que llevaba en prisión por este proceso. Otros acusados recibieron sentencias menores, penas suspendidas y seis imputados resultaron absueltos.

La resolución, leída pasadas las 2:50 de la madrugada, marca un precedente jurídico sobre el combate a la corrupción en la República Dominicana, enviando un claro mensaje disuasorio que quiebra la percepción de impunidad en los más altos mandos castrenses. Esta condena demuestra que las estructuras de seguridad del Estado están sujetas al escrutinio civil y que el enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos conlleva consecuencias económicas y penales severas. Con la culminación de esta fase en primera instancia, se abre ahora el periodo para que las defensas de los condenados quienes durante el juicio argumentaron violaciones y vencimiento de los plazos procesales presenten sus recursos de apelación ante los tribunales correspondientes para intentar revertir el fallo.