El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, reiteró este 25 de septiembre el llamado a respetar el debido proceso y los derechos constitucionales de los médicos vinculados a la causa judicial conocida como Senasa 2.0, según declaraciones recogidas por Panorama. El dirigente gremial precisó que la determinación de responsabilidades no corresponde a la institución que preside, sino al Ministerio Público, encargado de formular las imputaciones, y a los jueces, llamados a evaluar las pruebas conforme a la ley. "Nosotros solicitamos nueva vez que se respete el debido proceso y los derechos constitucionales", declaró.

Peña Núñez explicó que el CMD permanece disponible para canalizar cualquier situación que afecte a los profesionales de la salud, aunque admitió que, hasta el momento, prácticamente ninguno de los médicos señalados en el proceso se ha acercado formalmente al gremio para solicitar asistencia. Como referencia de una intervención previa, recordó el caso de un médico de San Pedro de Macorís que, tras ser representado por un abogado, quedó en libertad al no hallarse elementos que justificaran mantenerlo detenido.

El funcionario gremial insistió en que no debe generalizarse ni atribuirse responsabilidad colectiva a partir de las actuaciones señaladas contra determinados profesionales. "Somos más de 52 mil médicos", subrayó, al plantear que quienes figuran vinculados al expediente representan una proporción mínima del total de colegiados. Reconoció además que desconoce el detalle de las imputaciones específicas contra cada uno de los médicos, por tratarse de procesos individuales con circunstancias distintas entre sí. "Nosotros sí esperamos que las cosas sean favorables para estos galenos y que se cumpla el mismo proceso", afirmó, y adelantó que el gremio seguirá de cerca el desarrollo de la causa y podría intervenir si se produce alguna violación a derechos fundamentales.

El caso Senasa 2.0 forma parte de las indagatorias que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) mantiene abiertas sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del expediente conocido como Senasa 2.0-A, depositada el 19 de septiembre pasado y consultada por El Caribe, el Ministerio Público atribuye a una red de 25 imputados entre empleados, exempleados, médicos y particulares la ejecución de un fraude estimado en RD$41.1 millones, sustentado en 4,363 autorizaciones médicas presuntamente falsas tramitadas entre enero de 2021 y febrero de 2025 con datos confidenciales de afiliados. Esa causa es distinta del expediente original de Senasa, en el que permanecen presos el exdirector de la entidad, Santiago Hazim, y otros seis imputados, por un fraude que las autoridades han estimado en más de RD$15,000 millones.

La postura de Peña Núñez se inscribe en un patrón que el CMD ha mantenido en meses recientes frente a detenciones de médicos vinculados a procesos judiciales, exigiendo en cada caso que se agoten las garantías procesales antes de ordenar medidas privativas de libertad. El desenlace de las audiencias de coerción contra los señalados en Senasa 2.0 determinará en las próximas semanas si el gremio médico eleva su reclamo a una acción más concreta, como ha ocurrido en episodios anteriores.